Para el geógrafo Carlos Maytin, resulta impensable que aquí en Guayana y desde Guayana, se apoye cualquier tipo de intento de desafectación de los parques nacionales
¿Qué vale más, un metro cuadrado de un parque nacional o un metro cuadrado de vivienda? Un dilema que acapara la atención de los diferentes sectores del país desde que el Gobierno Nacional planteara la posibilidad de desafectar 3500 hectáreas del Parque Nacional El Ávila para la construcción de viviendas destinadas a la población que actualmente vive en las zonas de alto riesgo del estado Vargas. El temor de organizaciones ambientales venezolanas como Bioparques o Vitalis es que este tipo de anuncios pueda sentar un mal precedente para las otras áreas protegidas del país. Un comunicado enviado por Bioparques advierte que “un nuevo trazado de los límites de las áreas protegidas significaría un mal precedente frente a los pobladores e invasores de este y otros parques nacionales, pues de alguna manera incentivaría estos asentamientos para luego desafectar las tierras ocupadas”. En el estado Bolívar existen dos parques nacionales, Canaima y el Jaua-Sarisariñama, que ya de por sí, presentan presiones sociales, agrícolas, mineras y forestales como para tener que agregarle otra más.
¿AMENAZAS?
Para el geógrafo Carlos Maytin, profesor agregado de la UNEG, con postgrado en Gestión Ambiental, cualquier relocalización de población debe corresponderse con “una clara política de ordenación del territorio, congruente con los principios del desarrollo sostenible”. Sin embargo, el especialista en ordenación del territorio advierte la necesidad de evaluar las posibles implicaciones que generaría este tipo de acción, “por el precedente que crearía, y sobre todo en el caso de parques nacionales de tanta importancia nacional y mundial como los que existen aquí en Guayana”.
Explica que antes de tomar una decisión final es necesario considerar las implicaciones legales que a nivel nacional e internacional tendría el desafectar un área protegida. Recordó que Venezuela tiene a nivel internacional compromisos derivados de la firma de varios convenios y tratados “que implican la obligación de proteger de manera estricta espacios que tienen características similares a la de nuestros parques nacionales, tales como el firmado en la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América, celebrada en Washington en 1940; y el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, entre otros”. Agregó que el artículo 28 de la ley orgánica para la ordenación territorial y urbanística, contempla la desafectación total o parcial de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, pero con excepción de las áreas amparadas por convenios y tratados internacionales. “La Ley establece además que la desafectación deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional. Es decir, la desafectación de parques nacionales no sólo podría estar violando nuestras propias leyes debido a la forma como se está procediendo, sino los convenios y tratados internacionales ya firmados por el país”.
ESPACIOS ALTERNATIVOS
Maytin aboga más por la relocalización en espacios alternativos que existen en el país y que se ubican fuera de los límites de los parques, “ciudades intermedias por ejemplo, amen de otras áreas alternativas del interior del país que es necesario ir ocupando, eso sí, ordenadamente, con criterios ambientales”. A juicio del especialista este tipo de estrategia de desarrollo territorial-ambiental sería congruente con el modelo de los cinco equilibrios del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que ha propuesto el mismo gobierno nacional, “ya que en éste se plantea dentro del equilibrio territorial, que la estrategia a seguir debe ser más bien la de desconcentración de población desde los centros urbanos más poblados, hacia espacios menos o aún no poblado, sin embargo, se ha propuesto, al contrario, una mayor concentración de población y de paso, dentro de un Parque Nacional!”.
CASO CANAIMA
El geógrafo, egresado de la Universidad de Los Andes aclara que una desafectación constituye una amenaza más a la integridad del Parque Nacional Canaima. “Son múltiples las presiones que actualmente existen sobre el parque, tanto en las cercanías de sus límites y en algunos casos dentro del mismo parque, debido al desarrollo no ordenado de usos y actividades tales como mineras, agrícolas, turísticas, forestales, residenciales y comerciales, agregándose los problemas asociados al desarrollo de infraestructura que estas actividades siempre implican”.
Por eso Maytin insiste en que tal tipo de precedente, “en nada nos beneficia, resultando impensable que aquí en Guayana y desde Guayana, apoyemos cualquier tipo de intento de desafectación de nuestros parques nacionales”. Incluso va más allá al proponer un reajuste de los límites del parque en su parte norte, “que está amenazado por diversas razones”, y que los mismos se extiendan a la base de Sierra de Lema, “con un buffer externo para mayor protección, y no como está ahora, asociado en su mayor extensión a la cota de los 500 metros sobre el nivel del mar, esto como para mandar un mensaje respecto a lo que estimamos conveniente aquí en la región, en cuanto a parques nacionales”.
HACIA UN MODELO SOSTENIBLE
El profesor de la UNEG explica que una propuesta como la que plantea el Gobierno Nacional no sería un problema si en el país se hubiera implantado un modelo de desarrollo sostenible, basado en una conciencia ambientalista y con cultura de equidad territorial. “El problema, en realidad, es que todavía, no dejamos de aprovechar precedentes como el que pudiera concretarse con la desafectación del Parque Nacional El Ávila, para saciar nuestras apetencias territoriales, de recursos naturales y de espacio. Además, todavía no terminamos de demostrar en las áreas ya ocupadas del país, que sea seguro que vayamos realmente a concretar un uso sostenible de los recursos que nos brinda nuestro territorio como para que justifiquemos el tipo de solución propuesto por el gobierno nacional, independientemente de sus buenas intenciones”.
Maytin está convencido que lo deseable es la no desafectación del Parque Nacional El Avila, “ni la de ningún otro parque del país, y menos en nuestro actual estado de desarrollo de conciencia ambiental y cultura territorial, ya que todavía somos muy dados a ocupar sin ninguna planificación terrenos que deberían permanecer protegidos para asegurar nuestro propio disfrute y el de las generaciones futuras, razón por la cual, si se va a concretar lo planteado por el Gobierno Nacional en el caso del Estado Vargas, ya que así lo decida de manera participativa nuestra sociedad, será necesario reforzar las medidas necesarias, y sobre todo las de tipo educativo, para impedir que este tipo de precedente estimule más desafectaciones de nuestras áreas naturales protegidas en el país”.
NADA EN CONCRETO
Una nota de prensa publicada en la página web del Ministerio del Ambiente señala que este organismo “aún no tiene propuestas concretas para modificar linderos del ávila”; sin embargo, asegura que con la iniciativa de desafectar 3500 hectáreas del Parque Nacional El Ávila se “pretende detener invasiones y sincerizar linderos del parque establecidos en 1952”. La nota reseña las declaraciones de la ministra del Ambiente, Jacqueline Faría quien asegura que “se ha malinterpretado todo lo que se ha dicho en torno a la construcción de nuevas viviendas en el Parque Nacional El Ávila”. Aclara la ministra que tal decisión le corresponde a “un pueblo organizado que luego de ser consultado conjuntamente con expertos ecologistas, promueve una propuesta de modificación del parque nacional que posteriormente va a la Asamblea Nacional. De ser aprobada pasa a Consejo de Ministros. En el Ejecutivo se evalúa nuevamente antes del definitivo visto bueno”.
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