El conuco ¿un problema ecológico?

Para algunos representa erosión, desierto y muerte de fuentes de agua; mientras que para otros, el inconveniente de esta práctica agrícola radica en el mal uso de las tecnologías

La respuesta del científico venezolano Tobías Lasser sorprendió por su franqueza. Ante la pregunta de cuál es el mayor problema ecológico de Venezuela, este venezolano, creador del Jardín Botánico, no dudó en responder: el conuco. “El hombre derriba árboles, quema, siembra en partes inclinadas. Después, ¿qué queda?. Erosión, desierto, muerte de fuentes de agua”.
Una reflexión que levantó voces a favor y en contra de una práctica agrícola que durante milenios ha sido utilizada por las comunidades indígenas. Una de esas voces se eleva desde el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Uneg), institución que desde hace 22 años viene realizando un trabajo intenso en antropología económica, particularmente valorando la importancia del conuco y la calidad de las relaciones socio ambientales que a partir de él se establecen.

Mal uso de las tecnologías
Para el antropólogo Alexander Masutti, con doctorado en Francia y maestría en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), el verdadero problema ecológico radica en el mal uso de las tecnologías. “Aquellas tecnologías más adaptadas al medio corren el riesgo de convertirse en conflictivas, si no se cumple con un conjunto de parámetros mínimos que son garantía de su eficacia. Si no se respetan ciertos límites demográficos, es decir que haya mucha gente haciendo conuco en un espacio de bosque pequeño, entonces si se podría convertir en un problema ecológico”. Masutti da como ejemplo las carreteras, una de las áreas más visibles donde se pueden observar bosques impactados por los grandes pueblos asentados en estas zonas, “pero eso no es culpa del conuco, es culpa de una estrategia de desarrollo, de concentrar a un grupo de gente demasiado grande en un área con poca capacidad de carga”.
“Las sociedades indígenas, hasta que nuestro modelo de desarrollo se impuso, estaban obligadas a respetar los límites que les imponía el ambiente, si ellos destruían las áreas boscosas donde podían hacer conucos, simplemente como sociedad, desaparecían”. Añade que las investigaciones indican que los principales problemas ambientales del país están asociados más a la expansión de formas agrícolas y ganaderas que son propios de la sociedad criolla y que exigen el derribo extensivo de los espacios boscosos. “La ganadería exige tener potreros muy amplios y el bosque es enemigo de éste”.

5 mil años atrás
El investigador de la Uneg, recordó que la actividad del conuco en el estado Bolívar se conoce desde que apareció la agricultura hace cinco mil años atrás. “Si el conuco fuera una tecnología negativa para el ambiente nosotros no debiéramos tener bosque, sino un área totalmente sabanizada”. Por eso insiste en que toda actividad humana no necesariamente implica un impacto que negativo. “Durante todo el periodo prehispánico, la actividad agrícola asociada al conuco y a la siembra en vega lo que hizo fue mejorar el bosque y mejorar las tierras de áreas asociadas al río Amazonas o al río Orinoco. Eran suelos pobres que fueron siendo enriquecidos con la siembra de frijoles que fijan nitrógeno y que formaban parte de la actividad agrícola indígena”.

Agricultura rotatoria
Los estudios del profesor Masutti lo han llevado a concluir que la única posibilidad de aprovechar agrícolamente el bosque sin destruirlo, es utilizando la agricultura rotatoria, que es el conuco.
“Esto significa tumbar un pequeño sector de1 a 2 hectáreas de bosque donde la recuperación del mismo pueda darse, porque no lo estás fragmentando completamente sino un espacio. Luego talas, quemas, tienes un primer año de productividad, un segundo año clímax y un tercer año en el cual, la competencia de las hierbas del bosque que intentan volver a crecer en el conuco es tan grande que la producción disminuye sustancialmente y lo que resulta rentable es tumbar un nuevo conuco y dejar que éste sea recuperado por el bosque, lo que dependerá del sitio y de la calidad de los suelos, pero que está entre 20 y 30 años.”.
Explicó Masutti que en estos espacios se produce una renovación genética y funcional del bosque, para lo cual es necesario contar con un área lo suficientemente extensa para que se pueda dar el ciclo completo. “No es en cualquier zona que se hace un conuco ni te aguanta la misma población. Hay zonas donde debe haber menos población como la Gran Sabana que son suelos extremadamente frágiles donde el tamaño de la población debe ser muy pequeño. Las sabanas no sirven para hacer conucos, no son productivas, demasiado ácidas, tienen poco nutrientes y los productos del conuco ahí no se dan. En zonas del Amazonas donde las tierras son mejores puedes tener una mayor densidad de población”.
El antropólogo es de los que piensa que el conuco mejorado es una opción alternativa como modelo de desarrollo agrícola para la selva tropical amazónica y guayanesa.
“Se puede mejorar el conuco e invertir en tecnología siempre y cuando ello tenga una racionalidad económica, es decir, que la inversión en tecnología pueda ser compensada con las ganancias que se obtienen al vender el sobre producto obtenido”.

Un liderazgo en manos de los indígenas
Por experiencia propia, Alexander Masutti sabe que el control de esos procesos sólo se puede hacer con las poblaciones locales, “estoy seguro que las poblaciones de campesinos e indígenas que conocen bien el sistema, pudieran estar en la mejor disposición de hacer una cogestión participativa de los espacios del bosque”. Esta seguridad se fundamenta en la experiencia piloto que desde hace 9 años, desarrolla la Uneg en el área del Caura, trabajando con los yekuanas, sanema y hoti, en quienes recae, en este momento, el liderazgo del proyecto.
La primera fase de esta investigación contempló el inventario de los recursos de la cuenca tal como es percibido por los indígenas y estuvo coordinado por la profesora Analúa Silva. Luego, una segunda fase donde se evaluaron los derechos consuetudinarios, que se refieren a las normas de acceso a los recursos que son culturalmente propias.
“Cuando terminemos esta fase del proyecto iremos a la tercera fase que es de planificación participativa de la cuenca del Caura., pensando no solo en lo que es propio de la gente sino en sus expectativas a futuro, porque estamos hablando de indígenas que requieren recursos para medicinas de corte occidental, educación, que quieren mantener su espacio cultural propio pero cambiar en beneficio de sus sociedades”.

La naturaleza necesita 30 años para formar suelo fértil
El peligro de las deforestaciones en los ecosistemas tropicales húmedos de forma descontrolada sin las debidas prácticas agrícolas para la protección de los suelos, es lo que más preocupa al ingeniero agrónomo Alfredo Lezama. “Investigaciones realizadas en Africa y en Venezuela han demostrado que en los bosques pertenecientes a los ecosistemas tropicales húmedos se establece un equilibrio entre el suelo, la vegetación y los microorganismos del suelo, comportándose como un complejo órgano mineral ( suelo-planta-suelo) que se rompe al momento que es tumbada y quemada la vegetación para instalar el conuco”.
Lezama indicó que los cálculos recientes sobre conservación de suelo en estos ecosistemas, han evidenciado que “los suelos bajo cobertura de vegetación alta y densa en equilibrio, pierden por acción de la erosión natural 2 kilogramos de suelo por hectárea año y en suelos sin cobertura de vegetación pierden en el mismo tiempo y espacio 34 mil kilogramos de suelo/año; lo que permite inferir que para que se formen de 2 a 3 centímetros de suelo fértil, la naturaleza necesita un periodo superior a los 30 años”.

Experiencias de guayaneses con el águila arpía

Sus ojos no daban crédito a lo que veían. Cuando abrieron la nevera, se encontraron con un pichón de águila arpía, que apenas si podía moverse. Su cautiverio, en lo profundo de Sierra Imataca, había acabado. Sin embargo, el destino de “Gabriel”, nombre con el cual fue bautizado por sus rescatadores, no es el mismo de muchos de su especie que se ven amenazados por la cacería y la deforestación indiscriminada.

HECP: el inicio
Esta especie, propia de los bosques tropicales, forma parte de la gran variedad de fauna que exhibe Guayana. Según un estudio realizado en los años 90 por el Programa para la Conservación del Águila Arpía en Venezuela, HECP (siglas en inglés), en la región se censaron más de 30 nidos de águila arpía en las tierras bajas al sur del Río Orinoco y al este del Lago de Guri. El mayor número de nidos se ubicó al este del poblado de El Palmar, en el área de Río Grande de la Sierra de Imataca y al menos 18 de otros nidos se han ubicado e identificado en las adyacencias de lo que es la Reserva Forestal de Imataca incluyendo un lugar reportado en lo más alto de la altiplanicie de Nuria y otros cuatro cerca de Bochinche al sureste cerca de la frontera con Guayana.
Precisamente, el destino de “Gabriel” cambió con la labor de rescate que realizó en esa época el equipo de HECP liderizado por el venezolano Eduardo Álvarez, con el apoyo financiero de la Peregrine Found (Fundación del Halcón Peregrino), una organización conservacionista de Estado Unidos. En principio, el objetivo del programa era marcar los animales, estudiar su biología, colocarles radios satelitarios para conocer cuál era su rango de hábitat, tamaño del espacio que habita y toda la parte biológica de seguimiento y reproducción. Esta labor contó con la colaboración de Edelca, Proforca, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marn), e incluso de algunos aserraderos de la región.

Vivencias
Una de las personas que participó en estos rescates fue Luis Balbás, quien coordinó la Operación Rescate de Fauna de Caruachi, y es un estudioso del águila arpía. Sobre “Gabriel” nos comentó que luego de su recuperación durante un año en una de las casas del campamento Guri, lo enviaron -junto a seis más que fueron decomisadas- con el apoyo del Marn y el aval de Edelca a un centro de reproducción en la ciudad de Idaho, Estados Unidos. El apoyo de la Fundación Halcón Peregrino culminó una vez que se lograron los pichones de águila arpía.
“Una aventura como esa con un animal tan grande, metido en una nevera y una persona que trata de criarlo como un pavo para comérselo en navidad, lo que refleja es ignorancia y también necesidades, ingredientes que juntos, se convierten en una bomba de tiempo para lo que sea”.
Balbás aboga por una ciencia más educativa que vaya dirigida a la gente que interacciona directamente con ese medio, a través de un lenguaje sencillo que “le permita entender que el tema de la conservación es importante y que ese recurso se puede convertir en una especie de mina de oro y no en el sancocho de un día”.
Considera necesario divulgar el rol que juega el águila arpía en la cadena de la cual depende el bosque, y que las comunidades indígenas y criollas asentadas en la región reconozcan el valor turístico que tiene llevar a contemplar este tipo de animal.
“Es muy difícil convertir a los campesinos en conservacionistas, pero seguramente su sensibilidad natural los convertiría en aprovechadores de recursos sin que necesariamente lo extingan”.

Experiencia de un aserradero
Balbás considera como un logro el hecho que aserraderos como el de los Hermanos Hernández sean ductores de esta información. Esta empresa ubicada en Upata tiene la concesión de aprovechamiento forestal en el sector Bochinche de Sierra Imataca, lugar donde a principio de los años 90 el personal que realizaba los inventarios detectó un águila arpía que estaba anidada en un árbol muy frondoso de algarrobo y según pudieron observar las dimensiones del nido era de casi 2 metros de diámetro, constituido por ramas y palos de árboles gruesos.
Carlos Hernández, uno de los directivos de la empresa explicó que de inmediato notificaron al Marn, institución con la cual elaboraron un plan de protección en 40 hectáreas en donde estaba ubicado el nido, colocando vallas de señalización y contactaron a Eduardo Álvarez quien anilló al animal para hacerle seguimiento a través del radar e incorporarla al HECP.
“Una de las primeras cláusulas que deben respetar los concesionarios madereros es la concerniente al cuido y conservación del área destinada a la explotación forestal donde se hace énfasis en la conservación de la flora y fauna de la zona”.
Hernández recuerda que cuando apareció el águila arpía “nos sentimos muy orgullosos, porque comenzamos a participar junto a especialistas nacionales e internacionales del programa. Por eso, hemos sido bien exigentes con el personal que tenemos en campo de modo de brindarle a la flora y a la fauna del lugar, el mayor respeto por su conservación”.
Destaca Hernández las charlas que periódicamente dictan al personal que labora en campo y a las comunidades indígenas a quienes se les explican las condiciones especiales en que se encuentra el águila y lo que se persigue con su protección. De igual forma, estas charlas de orientación se dictan al contingente de la Guardia Nacional y del Ejército venezolano que se encuentran en la zona.
Actualmente, el Programa para la Conservación del Águila Arpía en Venezuela, coordinado desde Maracay, requiere una mayor presencia en la región con el fin de mantener viva la labor de personas como Luis Balbás y los Hermanos Hernández en la conservación de esta ave cazadora poco conocida y en peligro de extinción. Un compromiso de todos.

Incendios en Parque Nacional Canaima

Un total de 3495 hectáreas se quemaron durante el año 2004, según las estadísticas registradas por el Instituto Nacional de Parques

 

El indígena que quema para cazar, para su conuco o para avisar que va de un poblado a otro; el turista que lanza el cigarrillo mientras viaja a lo largo de la carretera que lo conduce a la Gran Sabana o que deja encendida la fogata; cualquiera que sea la causa, lo cierto es que el Parque Nacional Canaima, ubicado al sur de Venezuela, continúa quemándose.

A pesar de estar incluido en la lista mundial como Patrimonio Natural de la Humanidad, por ser una “muestra relevante de las etapas de la evolución de la tierra”; por constituir   un “ejemplo sobresaliente de los procesos geológicos y biológicos actuales en la evolución y desarrollo de los ecosistemas terrestres y acuático”; por contener “fenómenos naturales únicos” y ser el hábitat de supervivencia de “especies de plantas y animales raros o en peligro de extinción”, la realidad es que el Parque Nacional Canaima continúa quemándose.

No obstante ser considerado por innumerables científicos e investigadores de reconocidas universidades locales y foráneas como un laboratorio natural para el avance de la ciencia, la verdad es que el Parque Nacional Canaima continúa quemándose.

Más allá de la importancia de estar ubicado dentro de la cuenca del río Caroní, la cual abastece de agua a las centrales hidroeléctricas Guri, Caruachi, Macagua I y II que generan el 70 por ciento de la energía que se consume en el país, el Parque Nacional Canaima continúa quemándose.

Por más que estén presentes Edelca con el proyecto Mayú y la brigada de combate de incendios forestales; Inparques con sus guardabosques; la Guardia Nacional con sus puestos de control; el Ejército con dos puestos de comando; la Gobernación del Estado Bolívar a través de Defensa Civil y las innumerables organizaciones no gubernamentales ambientales que trabajan activamente en la zona, el Parque Nacional Canaima continúa quemándose.

Si bien su mágica belleza natural inspiró las míticas obras “Canaima”, del escritor venezolano Rómulo Gallegos o “El mundo perdido”, de Arturo Conan Doyle, el Parque Nacional Canaima continúa quemándose.

Datos que arden

Cada año, durante la época de sequía que va desde diciembre a junio, se pueden observar las columnas de humo que se elevan en distintas partes de este vasto territorio de 3 millones de hectáreas. Ubicado al sureste del estado Bolívar, el Parque Nacional Canaima está integrado por el sector oriental -la Gran Sabana- y el sector occidental –Laguna de Canaima-, siendo el primero de ellos el más afectado por los incendios, según los datos registrados por el Instituto Nacional de Parques.

Tal como lo explica el director de Inparques en el estado Bolívar, César Cario, el número de hectáreas quemadas durante el año 2004 revelan un aumento en los incendios generados en el sector oriental del parque. Durante el 2004 se quemaron un total de 3495 hectáreas, de las cuales 2168 hectáreas pertenecen al sector oriental y las restantes 1327 hectáreas al sector occidental.

Las estadísticas de Inparques señalan que el número de hectáreas quemadas en el sector oriental del Parque registró un aumento significativo respecto al año 2003 cuando se totalizaron 634 hectáreas afectadas. No obstante, los incendios en el sector occidental disminuyeron con respecto al año 2003 cuando se registraron 1393 hectáreas quemadas.

El funcionario de Inparques explicó que durante la temporada de sequía se incrementa la labor del Comando Regional Unificado para el Combate de Incendios Forestales, conformado por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Protección Civil, Guardia Nacional y Ejército y los distintos actores presentes en el parque. Casio afirmó que esta “interacción ha demostrado que con la unión de esfuerzos podemos lograr una mayor presencia y una mayor corresponsabilidad de lo que es la guardería ambiental”.

Cultura del fuego

El titular de Inparques en el estado recordó que el fuego está muy arraigado en la cultura indígena, “lo utilizan como medio de comunicación. Esa es su cultura y hemos ido hacia un proceso de educación de qué es el fuego y cómo usarlo; porque se han presentado grandes incendios por una fogata mal apagada”. En tal sentido, las acciones emprendidas por Inparques están dirigidas a afianzar el programa de educación ambiental; ampliar los cursos de bomberos forestales en las distintas comunidades indígenas del área y continuar fortaleciendo los distintos proyectos que se llevan a cabo en el parque, entre los cuales destaca el convenio firmado con el Banco Mundial para la elaboración del proyecto “Manejo del Parque Nacional Canaima”, el cual contempla cuatro componentes: la conservación de la biodiversidad presente en el parque, la participación y fortalecimiento de las comunidades indígenas dentro del parque, el fortalecimiento interinstitucional de los tres entes firmantes del convenio: Edelca, Inparques y la Federación Indígena y el financiamiento sostenible de los mencionados componentes. Cario estima que para finales de octubre de este año debería estar definido la conformación del proyecto para presentarlo a las autoridades del Banco Mundial, “y si se aprueba se pasaría a la fase de los aportes de recursos para su ejecución, de los cuales el Banco Mundial aportaría 11 millones de dólares para el comienzo de la ejecución del proyecto pautado para 7 años y Venezuela se comprometería a colocar 33 millones de dólares”.

Temporada de incendios

En todo caso, la época de incendios se aproxima y con ella la preocupación por el número de hectáreas adicionales de bosque que se quemarán este año.

Una inquietud que exige del Estado venezolano una presencia permanente y al que le corresponde fijar una política orientada a la consolidación del desarrollo sustentable de las comunidades que hacen vida en el Parque Nacional Canaima, a fin de evitar que los incendios sigan consumiendo las áreas boscosas que quedan.

Recursos que no apagan fuegos

El presupuesto del 2005 designado por el Marn para la dirección estadal de Inparques es de 27 millones de bolívares, lo que representa un aumento sustancial respecto al año 2004 cuando se le destinaron 5 millones de bolívares. Sin embargo, siguen siendo muy pocos para controlar un área tan extensa de parque. Por eso los esfuerzos del director estadal de Inparques van encaminados a aumentar los ingresos propios a través del pago por canon de concesión, autorizaciones, boletería de entrada a los parques y la venta de material educativo e informativo sobre el Parque Nacional.

Niños del Amazonas liberan 5000 tortuguillos arrau en el río Orinoco

La actividad busca incorporar cada vez más a un mayor número de organizaciones públicas y privadas en la conservación de una de las especies en peligro de extinción

Los niños y adolescentes de la Unidad Educativa Bolivariana Provincial del estado Amazonas, al sur de Venezuela, fueron los encargados de liberar los 5 mil tortuguillos arrau en el sector Laja de Miranda en el río Orinoco, una actividad que va incorporando cada vez más a un mayor número de organizaciones públicas y privadas en la conservación de una de las especies en peligro de extinción. Esta actividad se llevó a cabo el pasado 30 de junio y contó con la participación de la dirección estadal del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales, Corporación Venezolana de Guayana, seccional Amazonas, Gobernación del Estado Amazonas y la comunidad educativa antes mencionada. Durante el acto, los alumnos escenificaron el cuento “Rere y sus amigos”, escrito por la joven estudiante del tercer grado, Disneida Belisario a través del cual dieron a conocer la necesidad de crear campañas de concientización en la población para preservar la fauna en peligro de extinción, como la tortuga arrau.
Para el biólogo Pedro Cortés, adscrito a la dirección estadal del Ministerio de Ambiente en Amazonas, en las faenas de liberación “se integran gran cantidad de escuelas, niños y adolescentes pasando por los padres y maestros, con la finalidad de ir construyendo e incorporando conocimientos en la población que favorezcan la permanencia de esta especie y otras con iguales condiciones, hasta sacarlas del peligro de desaparecer y poder eventualmente someterlas a manejo”. Cortés explicó que desde hace más de 25 años se realiza el rescate de tortuguilos arrau recién nacidos, en las playas de desove en el río Orinoco para luego liberarlas en áreas con menos enemigos naturales donde puedan superar tallas que les permitan sobrevivir a un mayor número de animales, “incluidos los humanos que más presión ejercen sobre las diezmadas poblaciones que aun quedan”. Explicó que desde mediados de los años 80 se estable el Refugio de Fauna de la Tortuga Arrau y la Zona Protectora del Refugio y se plantean los zoocriaderos en Puerto Ayacucho “en los cuales se mantienen las tortugas bebes hasta un año de nacidos para ser liberados en áreas protegidas”.
Según cifras de la dirección de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, en los últimos 15 años se han liberado 150 mil tortugas arrau y sólo este año se alcanzó la cifra de 50 mil ejemplares distribuidos en el refugio La Tortuga, el Parque Nacional Aguaro Guariquito y en el estado Amazonas.

QUELONIO DULCEACUÍCOLA
La tortuga arrau, cuyo nombre científico es Podocnemis expanda, es un quelonio de agua dulce que puede llegar a pesar cerca de 40 kilos. Es la tortuga más grande de Latinoamérica, la hembra puede llegar a medir hasta 70 centímetros de longitud. El color de su carapacho es casi negro formado por placas lisas y grandes, la parte de abajo llamada peto o plastrón es de color amarillento, las patas son cortas y provistas de fuertes y largas uñas y sus dedos están unidos por una membrana que le permite nadar. Se alimenta de plantas acuáticas, frutas y semillas que encuentra en el agua, pero también se incluyen en su dieta algunos invertebrados. Se las encuentra en las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas, pero al momento de poner los huevos prefiere sólo algunas islas del río Orinoco con suelos arenosos. La tortuga adulta puede llegar a poner hasta 200 huevos de los cuales sólo el 5 por ciento llega a adulto. El proceso reproductivo de las tortugas arrau comienza en el mes de octubre con el descenso de las aguas en el Orinoco que permite la congregación de la especie; luego durante el mes de febrero las hembras inician el ritual de tomar el sol en las orillas de las islas que comienzan aparecer a lo largo del cauce del río antes del desove. Este asoleo les toma varios días, entre febrero y principios de marzo, hasta el momento en que anidan, proceso que llevan a cabo durante la madrugada excavando hoyos de hasta 80 centímetros de profundidad. En él depositan entre 50 y 150 huevos blancos y redondos que son cubiertos con arena convirtiéndose el hoyo en una especie de incubadora. Al cabo de 45 y 70 días, los tortuguillos arrau salen a la superficie de la arena para sortear toda clase de amenazas.

AMENAZAS
Según el Libro Rojo de la Fauna venezolana, “la principal amenaza para la tortuga arrau es la sobreexplotación de sus poblaciones como fuente de alimento y para la obtención de otros productos”. Otro de los aspectos que reseña la publicación editada por Fundación Polar se refiere a la alta mortalidad natural de los tortuguillos. “Al momento de emerger y antes de llegar al agua, son depredados por zamuros, oripopos, gabanes, garzones, cigüeñas y caricares, entre otros. Los sobrevivientes tienen luego que enfrentarse a depredadores acuáticos como caribes bagres y babas”.

EN VEDA POR TIEMPO INDEFINIDO
Pedro Cortés, biólogo adscrito a la dirección estadal del Marn-Amazonas recuerda que el naturalista Alejandro Humboldt, durante su visita a Venezuela en el año 1800, compara las tortugas arrau con enormes caminos de piedra debido a la gran cantidad de especies existentes en el Orinoco y que estimó en cientos de miles, “pero que para la segunda mitad del siglo pasado la captura superó en gran medida la tasa de reproducción de las especies que estuvieron a punto de desaparecer”. Señaló que a partir de 1996 las tortugas arrau permanecen en régimen de veda por tiempo indefinido.

Los ciudadanos deben comenzar a concienciarse sobre la importancia de un ambiente sano

Expertas en el derecho a un ambiente sano coinciden en que a pesar de tener leyes ambientales “casi perfectas”, las mismas son inaplicables, por lo que exhortan a la organización de la sociedad

Todos tenemos derecho a un ambiente sano, al menos así lo establece la Constitución Nacional en sus artículos 127, 128 y 129. Incluso, la Ley Orgánica del Ambiente recoge desde 1979 este derecho y de hecho, la creación del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marn) en el año 1977 fue una respuesta del Estado venezolano al ejercicio de ese derecho. Pero, ¿el tener rango constitucional, resuelve el problema? ¿Acaso eso ha permitido a ciertas empresas de la zona ponerse a derecho en materia ambiental?
La Consultora Jurídica de la organización no gubernamental ambientalista Vitalis, Mildred Real, intenta dar respuesta a esta interrogante desde una óptica positiva aunque confiesa que en algunas oportunidades, el Derecho ha dado respuestas “muertas a problemas vivos”, la mayoría de las veces, “ha logrado su fin último, regular la acción del hombre para vivir en armonía con la naturaleza. En las última tres décadas, el reconocimiento universal del derecho a un ambiente sano es signo inequívoco de la evolución de la ciencia jurídica en función del interés social”.
Para la abogada de Vitalis, el derecho como expresión del poder social, “delimita las esferas de licitud e ilicitud de la acción humana mediante un sistema de normas dotadas de valor coactivo, ordenamiento jurídico dentro del cual la norma ambiental tiende a ser más preventiva debido a la naturaleza del bien tutelado”.

Tercera generación
Explica Real que la concepción de los valores conocidos como “fundamentales”, nacen de la visión que el hombre tiene de sus necesidades en un lugar y tiempo determinado. “Un sistema social es ponderado, y se aproxima al Estado de Derecho, en la medida en que el Estado, consagra, protege y garantiza estos valores y facilita su aplicación”.
Recuerda que este derecho a un ambiente sano es un derecho humano de tercera generación, llamado así, “porque universalmente, se han reconocido cómo tales en distintos momentos históricos”. Los derechos de la tercera generación surgen a finales de la década de los noventa, con el objetivo de difundir el tema de los derechos humanos y hacerlo más accesible a las personas. Entre los derechos de esta tercera generación, se mencionan: el derecho al desarrollo, a la democracia, a la paz, al reconocimiento de los pueblos, a la pluriculturalidad, y el derecho a un ambiente sano. Este último, comienza a gestarse durante la celebración de la Cumbre de la Tierra, en Johannesburgo, cuando se promueve el concepto de desarrollo sustentable.
“Su finalidad es preservar las condiciones de existencia de la vida humana, garantizando la permanencia de las condiciones propias e indispensables de la naturaleza, constituyendo así, un instrumento asegurador de la realización de los demás derechos humanos”.

Casos a juicios
Real enfatiza que en un sentido amplio, lato sensu, la definición de términos como “ambiente” y "derechos humanos" complican su tarea de defensa, de ahí que este es un derecho considerado difuso. “¿Quiénes son los sujetos de este derecho y cuál es el objeto?. Proteger y mantener el ambiente, es un derecho y un deber de cada generación, en beneficio de sí misma y de las generaciones futuras cuya existencia dependerá de nuestro legado ambiental. Es de carácter individual y colectivo. El objeto sobre el que recae la protección del derecho es el ambiente entendido en la Declaración Universal de Río sobre Ambiente y Desarrollo como la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar”. En todo caso, la abogada de Vitalis, recalca la importancia de generar en cada ser humano la internalización del derecho a un ambiente sano. “El Estado de derecho es un ejercicio que corresponde a cada uno de nosotros, de lo contrario, es una línea escrita carente de sentido. Sólo mediante el reconocimiento del carácter indivisible e interdependiente de todos los derechos formulados, y la comprensión de los problemas y necesidades sociales podremos alcanzarlo”.

Casi perfecta
Por su parte, María Alexandra Vásquez, profesora de Sociología Jurídica y miembro del comité técnico del Centro de Derechos Humanos de la Ucab, considera que Venezuela se ufana de ser “casi perfecta” en cuanto a leyes ambientales, sin embargo son inaplicables. Sin embargo, parece que tener rango constitucional no resuelve los problemas o parafraseando a la consultora jurídica de la organización ambientalista Vitalis, “el Derecho ha dado respuestas muertas a problemas vivos”. Vásquez explicó que “no existen las instancias administrativas, que se han creado a través de los reglamentos dentro del Ministerio del Ambiente, ni existe a nivel de Ley Penal del Ambiente, los recursos, las instancias, ni la gente que ejerza el derecho a un ambiente sano, porque no hay forma de coaccionar cuando uno lleva una empresa privada por un delito ambiental. ¿Cómo haces para aplicar una sentencia?".
Enfatizó que en ninguna de las leyes o reglamentos ambientales se define lo que es el ambiente, por lo que “no está claro la postura filosófica, doctrinaria y jurídica que se va a desarrollar para la protección del ambiente; lo que influye en los desarrollos, primero doctrinales y posteriormente jurídicos y más adelante jurisprudenciales”. La especialista en sociología jurídica, plantea la urgencia de “generar toda una doctrina, unos contenidos que puedan producir esas relaciones entre la vulneración del derecho a un ambiente sano y el mundo jurídico, no sólo por la posibilidad de entrar al mundo jurídico sino también por la posibilidad de salir con una sentencia justa”. A su juicio, en Ciudad Guayana existen diversos derechos que son violados flagrantemente por el Estado, entre los que menciona: el derecho a la autodeterminación de los pueblos, los derechos indígenas, los derechos laborales y los derechos a un ambiente sano; aunque sobre este último “se evidencia un desconocimiento general sobre el tema”.
Conciencia ciudadana
Para María Alexandra Vásquez, la ciudadanía debe iniciar un debate sobre el derecho a un ambiente sano partiendo del conocimiento de lo que implica ese derecho. “Lo primero es organizarse, los ciudadanos deben comenzar a concienciarse sobre la importancia de un ambiente sano y sobre todo en su relación directa en todo lo que es el desarrollo sustentable y las consecuencias que se han venido viviendo en estas tres últimas décadas en relación a la pobreza”. Un debate que debe enmarcarse dentro de tres ejes: desarrollo, democracia y pobreza “donde obviamente, se inserta la degradación a un ambiente sano”

Según la Constitución
“Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente,la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado… El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las necesidades ecológicas […] de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana…Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas…” Artículos 127, 128 y 129 de la CRBV.

Urge cambiar la política y la economía del agua

Así lo refleja un estudio sobre la valoración del recurso hídrico realizado en la cuenca alta del río Botanamo

Los niños de Tumeremo tienen claro el valor del recurso agua. De eso quedó convencido el investigador Becker Sánchez durante el estudio que realizó sobre la valoración del recurso hídrico proveniente de la cuenca alta del río Botanamo para obtener la Maestría en Ciencias Ambientales de la UNEG. “Existe una población infantil muy alta en Tumeremo para quienes, el valor del recurso desde el punto de vista económico, es importante porque dedican parte de su tiempo a recoger el agua que van a utilizar”, enfatizó Sánchez y precisamente, comprender esa interrelación natural, social y económica del recurso agua motivó al investigador a realizar este estudio cuyos resultados fueron presentados en mayo de este año.
Sánchez escogió la cuenca alta del río Botanamo porque de ella proviene el agua que, luego de potabilizada, consume la población de Tumeremo, sin embargo, como muchas otras poblaciones del estado Bolívar, el suministro del vital líquido es insuficiente para abastecer a toda la comunidad de la capital del municipio Sifontes.

Metodología
Esta investigación se enmarcó dentro de una la línea de investigación del Centro de Investigaciones Ecológica Guayana de la UNEG, asociada a un convenio entre las universidades internacionales Yale y North Texas, de Estados Unidos, financiado por la National Science Fundatión, la UNEG y la cooperación de otras instituciones del Estado, como CVG Gosh-Sistema Tumeremo, Alcaldía del Municipio Sifontes, Asociaciones de Vecinos, estudiantes de Comunicación Social, CVG Bauxilum y la Unidad Educativa Estadal Ignacio Cabrera Sifontes-Tumeremo. Durante el estudio se empleó el Sistema de Información Geográfico para el análisis espacial del área en estudio; asimismo se realizaron mediciones de aforo volumétrico simple para determinar el caudal en el sistema de oferta y demanda; y se aplicaron encuestas para determinar los usos y dinámicas del recurso en los hogares de Tumeremo. De igual forma, se recurrió al método de valuación de valores directos de costos/gastos incurridos en la producción y prestación del servicio y a la aplicación de índices de precios al consumidor, para la actualización monetaria de las tarifas vigentes en la prestación del servicio y efectuar así un análisis comparativo. También se evaluó el caudal de distribución del sistema de agua potable en relación a la dotación estimada de litros diarios por habitantes.
Los resultados del estudio determinaron la urgencia de cambiar la política y la economía del agua “para evitar el deterioro creciente de la calidad de los recursos hídricos y promover un uso más eficiente del recurso”.

Relación compleja
Para Sánchez relacionar ambiente, hombre y economía se torna complejo, “si bien el recurso agua es considerado vital para la vida, no es menos cierto su importancia dentro de la economía local y global, al ser éste un bien dado a un sistema de oferta y demanda natural, social, económico, de igual forma es necesario comprender que este es un bien ambiental de carácter público y del que todos los humanos tienen derecho a su disfrute”. Sin embargo, Sánchez enfatizó que la accesibilidad al recurso “viene condicionada por una serie de variables que determinan la cantidad, calidad y modo de recibir el líquido empleado para diversas actividades en función de las características de éste y el contexto del espacio”. En tal sentido, la investigación demostró que la calidad del agua en la cuenca, está condicionada por las actividades resultantes del uso de la tierra asociada al cuerpo de agua, entre las que destaca la actividad forestal, agrícola, residencial, ganadera, minera y la proveniente de los asentamientos indígenas Kariña y Karamoto. “Estas actividades influyen en la calidad del recurso hídrico, considerando que lo que ocurre en la cuenca alta y media afectan a los beneficiarios de la cuenca baja”.

Conclusiones
Las conclusiones de la investigación determinaron que los diferentes actores que hacen vida en la cuenca son determinantes de las estructuras del paisaje y en la cantidad y calidad del agua; que las mujeres y niños juegan un papel mayoritario en la dinámica de uso del recurso hídrico por lo que la gestión debe enfocarse a este sector de la población; y que el costo de potabilizar el agua es muy alto en relación al retorno por cobro del servicio.
Sánchez detalló que los movimientos migratorios, las actividades económicas, de subsistencia, y el manejo y uso del recurso observado durante la investigación “podrían influir en el comportamiento del paisaje de la cuenca, del recurso agua y por ende en el resto de los recursos asociados al ecosistema, que incidirían directamente en el suministro de agua para su consumo y demás usos identificados en la investigación”.
Otro de los problemas detectados fue el déficit de distribución que presenta el suministro de agua potable en el sector urbano de un 4,18% y en peri urbano de 43,5% en relación a la dotación estimada nacional de 200 litros diarios por habitante con unos costos/gastos para la producción y distribución del servicio de Bs.365,68 m3/seg. No obstante, la investigación evidenció que el sistema tarifario en la sub estación Tumeremo no se encuentra actualizado; ni en tarifas ni en número de usuarios que se sirven del servicio, así como en políticas de cobranzas. En tal sentido, Sánchez enfatizó que es importante distinguir entre el valor del agua como provecho para los beneficiarios, el precio del agua como carga para consumidores y el costo del suministro. La propuesta de valoración presentada por Sánchez mas allá de reconocer el valor económico del recurso, “busca gestionar el recurso hídrico desde, en y hacia la Cuenca, considerando que lo que contribuye a la sustentabilidad no es el bien natural como capital económico, sino el cómo procurar actividades y usos ecoeficientes, que garanticen la cantidad, calidad y oportunidad de distribución del recurso, asimismo, busca su conservación como unidad natural y territorial, y resaltar su importancia como capital de los locales, nacionales y de la humanidad”.

Educación Ambiental
Entre las recomendaciones aportadas en la investigación, Sánchez resalta el diseño de un programa de educación ambiental que sirva como elemento de prevención y como facilitador de la autogestión y comprensión del valor del agua, “a fin de brindar a la comunidad una herramienta para crear el liderazgo comunitario que tanto necesitan, permitiéndoles identificar su problemática y alcanzar una participación ciudadana, que es la clave del éxito de toda gestión ambiental”.

Las Galderas: mágico encuentro entre el hombre y el ambiente

Los habitantes de esta comunidad ribereña del río Orinoco vienen capacitándose en ecoturismo, gracias al trabajo que con entusiasmo y dedicación desarrollan los investigadores de la UNEG y Fudecotur

La turista emprendió el camino sintiendo la fría brisa mañanera en su rostro. A lo lejos observaba la inmensidad del río padre que la esperaba con sus juguetonas toninas. Al adentrarse en el bosque ribereño, un trinar de aves despertó sus sentidos frente a un mágico y cambiante ecosistema, nunca antes visto que le hizo preguntarse sobre lo que tantas veces se ha cuestionado: ¿por qué vivir a espaldas del río Orinoco?
El reencuentro con la ribera del Orinoco lleva a reflexionar sobre el tiempo que se ha perdido mirando más hacia la industria que al infinito potencial que brinda este ecosistema a los seres humanos, para construir el tan aspirado desarrollo sustentable.
Una meditación que los habitantes del ribereño caserío de Las Galderas han comenzado a experimentar gracias al trabajo que, con mucho entusiasmo y dedicación, vienen desarrollando los investigadores de la Universidad Nacional de Guayana (UNEG) a través del Proyecto Corredor Ribereño del Bajo Orinoco.
Este ambicioso proyecto de investigación comenzó en el año 2002, auspiciado por Fundacite Guayana y la UNEG, con el objetivo de estudiar las características relevantes en el corredor ribereño entre Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana con la finalidad de producir la base científica para la conservación y manejo de la biodiversidad, conocer las funciones de los ecosistemas de este paisaje ribereño y las potencialidades socioeconómicas y turísticas que permitan un desarrollo local sustentable.

Poblado ribereño
Las Galderas es uno de los cinco paisajes estudiados a lo largo de la ribera del Orinoco, ubicado entre el kilómetro 55 y 56 de la autopista Puerto Ordaz-Ciudad Bolívar. Es un caserío fundado hace 40 años por el señor Benito y la señora Columba, actualmente cuenta con poco más de 100 habitantes que se dedican a la pesca y a la agricultura. Al presente, esta comunidad se ha incorporado a participar en la segunda fase del proyecto de investigación de la UNEG, coordinada por el investigador Luis D´ Aubeterre, a través de los distintos talleres de formación y capacitación en las áreas potenciales de desarrollo turístico, educación ambiental y piscicultura. Los talleres de capacitación en ecoturismo son dictados por la Fundación para el Desarrollo del Ecoturismo, Fudecotur, gracias al convenio firmado con la UNEG; mientras que los talleres de piscicultura corresponden al investigador de la Fundación La Salle, Luís Pérez. Durante esta semana, los investigadores Sara Leal y Rosauro Navarro continuaron evaluando las posibles rutas turísticas identificadas por los futuros guías de Las Galderas y organizando la serie de talleres de formación que semanalmente dictan en la comunidad. En esta oportunidad, le correspondió al coordinador de Investigación y Postgrado de la UNEG, Hernán Castellanos dictar una charla sobre los monos araguatos y capuchinos, así como también sobre los manatíes que, aunque en menor proporción, están presentes en este ecosistema. Por su parte, la profesora Nay Valero realizó un taller sobre educación ambiental con el fin de concienciar a la comunidad sobre el manejo de los desechos sólidos a fin de motivarlos a realizar, para finales de este mes, lo que denominó la gran “Fiesta de la Limpieza”.

Formando genteLa actividad académica no se detiene en esta comunidad ribereña decidida a mejorar su calidad de vida. “La idea es que ellos se formen como intérpretes de la naturaleza, porque ellos conocen dónde viven el manatí, la tonina, las garzas, el objetivo es facilitarles esa herramienta de formación a través de las charlas y los talleres para que entiendan la dinámica del ecosistema como un todo, porque en definitiva, es el crecimiento humano y las ganas de aprender que se observa en los participantes”, aseguran Sara Leal y Rosauro Navarro. En tal sentido, José Mariño uno de los pobladores de Las Galderas, asegura que este curso le ha “abierto la mente”, porque le ha permitido conocer la importancia ecológica de una gran cantidad de especies que hacen vida en este ecosistema. “Lo importante es que uno tiene la herramienta y conoce de aves, de plantas, de los bosques. Me siento bastante bien, porque en el momento en que llegó la UNEG, en ese momento me cambió la mente”. El trabajo que realiza José Mariño es muy importante por cuanto se encarga de registrar minuciosamente las observaciones que hace de la vegetación y la fauna del bosque ribereño, que luego es evaluado por los investigadores. Todo este trabajo conjunto entre la UNEG, Fudecotur y la comunidad ribereña de Las Galderas tiene la intención de convertir a este caserío –en un futuro- en un centro piloto de ecoturismo. El interés de los pobladores quedó demostrado en una encuesta realizada durante la primera fase del proyecto, la cual arrojó que el 43% de la población está dispuesta a participar en actividades turísticas; un 26% a participar en protección y conservación; un 18% en actividades pecuarias a pequeña escala y un 13% en agricultura alternativa; sin embargo, ninguno de los encuestados está dispuesto a participar en el manejo de fauna, ni el la explotación del bosque.

Rutas ecoturísticas
La garza morena, la garza blanca y la cotúa son algunas de las tantas especies de aves que se pueden observar en la ruta que esta semana evaluaron los investigadores Leal y Navarro en compañía del grupo integrado por Daniel y Aleida Zambrano, José Mariño, José Luis y Julio César Medina, habitantes de Las Galderas que se están formando como guías eco turísticos. Hasta los momentos han identificado cinco rutas: Laguna de Mamo, Caño Corrientoso, Tasajera, Isla de Mamo norte y sur, y el Garcero ubicado en la laguna rebalsera “Las Arhuacas”; además de una playa anegadiza donde anidan aves como los araguanares, las gaviotas y los playeritos. Sara Leal resaltó la importancia del bosque ribereño asociado a la laguna “Las Arhuacas” por ser el único bosque que queda en este lado del estado Bolívar. Explicó que esa pequeña porción de bosque es de una rica biodiversidad, porque no sólo es un sitio de dormidero y reproducción de garzas, sino también de peces como el coporo y el morocoto. La dinámica del Orinoco se mantiene año tras año, las cuatro estaciones: aguas altas, bajadas de agua, aguas bajas y subidas de agua; son muy marcadas y eso proporciona cambios en el paisaje, la vegetación, la fauna, que pueden resultar una oferta muy atractiva para el turista ecológico. En las distintas rutas y según la estación se pueden realizar observaciones de aves y toninas, paseos en kayac y en bote, caminatas por las playas y senderismo. Las toninas son un atractivo único porque se encuentran en abundancia en los caños Carrizal y Corrientoso, aunque en el primero se pueden ver en la temporada de aguas altas y subidas de agua, porque ese caño se seca en aguas bajas y las toninas salen al río grande. Es un sitio adecuado donde ellas se reproducen. Sin embargo, el objetivo es que los guías ecoturísticos estén capacitados para que interpreten de forma integral la dinámica de este ecosistema.

Importancia del ecosistema Orinoco
El bosque ribereño del río Orinoco son plantas que están sometidas a perturbaciones en el nivel de agua periódicamente, es decir, durante una época del año están bajo las aguas. También se le identifica como un humedal, porque son espacios que están expuestos a una película de agua permanentemente o durante un periodo del año. Sara Leal indicó que si se corta esa vegetación, las inundaciones serían mucho más fuertes. “Muchas de las lagunas rebalseras son sitios de cría para la pesquería”, recordó Leal al tiempo que destacó la importancia de las aves. “Hay razones ecológicas, porque las aves tienen un papel dentro del ecosistema, están los carroñeros que comienzan el ciclo de descomposición. Luego están todas las aves dispersoras de semillas que en cierta forma mantienen la diversidad de un bosque. Incluso hay razones de salud para el hombre, porque algunas especies son comedoras de roedores y de insectos que son las aves más abundantes de acuerdo a sus hábitos alimenticios, gracias a las aves insectívoras es que se mantiene a ras las plagas que uno ni percibe. En estas incluyo a las aves nocturnas que son rapaces, como el búho y la lechuza, son comedoras de roedores, imagínate si no existieran”.
Por su parte, Rosauro Navarro agregó que además de ser el sustento de una gran variedad de fauna, aves, mamíferos, reptiles, peces y cientos de individuos más de la fauna y organismos que no observamos y que forman toda una cadena atrófica; el bosque ribereño del Orinoco actúa como un contenedor de suelo fértil que luego es utilizado en terrazas, para la ecología humana y el recurso humano que hace vida en él.
Lo cierto es que, luego de convivir todo un día con ese sistema natural que está a sólo 40 minutos de Puerto Ordaz, la turista no se perdonó haber perdido tanto tiempo sin mirar hacia el Orinoco, un ecosistema que no le teme a los cambios. Como expresó Sara Leal, “el río es continuamente cambiante y eso es lo mágico del Orinoco. Ninguna estación es igual, siempre hay cambios y eso se refleja en las flores, en las aves, en los peces y en la misma población. Lo único seguro en el corredor ribereño es el cambio”.

Potencial ecoturístico
María Isabel Blanco, Sara Leal y Marianella Bermúdez fueron las encargadas de realizar los estudios preliminares durante la primera fase de investigación del proyecto Corredor Orinoco para conocer su potencialidad ecoturística. Los resultados de su investigación determinaron dicho potencial por cuanto “la dinámica estacional ribereña del Orinoco, genera cambios cíclicos en los ecosistemas relacionados a la planicie de inundación, que permiten deducir que el río es siempre cambiante tanto hidrológica, morfológica, biológica y socialmente en función del tiempo. Esta característica compleja del corredor ribereño del Orinoco y su planicie de inundación, basada en pulsaciones, le confiere un alto potencial ecoturístico”. La investigación recoge “la necesidad que tienen todas las comunidades ribereñas de desarrollar actividades que conlleven a ejecutar programas de educación ambiental, de entrenamiento técnico y de planificación de actividades ecoturísticas”.

Desafectar los Parques Nacionales ¿la mejor solución?

Para el geógrafo Carlos Maytin, resulta impensable que aquí en Guayana y desde Guayana, se apoye cualquier tipo de intento de desafectación de los parques nacionales

¿Qué vale más, un metro cuadrado de un parque nacional o un metro cuadrado de vivienda? Un dilema que acapara la atención de los diferentes sectores del país desde que el Gobierno Nacional planteara la posibilidad de desafectar 3500 hectáreas del Parque Nacional El Ávila para la construcción de viviendas destinadas a la población que actualmente vive en las zonas de alto riesgo del estado Vargas. El temor de organizaciones ambientales venezolanas como Bioparques o Vitalis es que este tipo de anuncios pueda sentar un mal precedente para las otras áreas protegidas del país. Un comunicado enviado por Bioparques advierte que “un nuevo trazado de los límites de las áreas protegidas significaría un mal precedente frente a los pobladores e invasores de este y otros parques nacionales, pues de alguna manera incentivaría estos asentamientos para luego desafectar las tierras ocupadas”. En el estado Bolívar existen dos parques nacionales, Canaima y el Jaua-Sarisariñama, que ya de por sí, presentan presiones sociales, agrícolas, mineras y forestales como para tener que agregarle otra más.

¿AMENAZAS?
Para el geógrafo Carlos Maytin, profesor agregado de la UNEG, con postgrado en Gestión Ambiental, cualquier relocalización de población debe corresponderse con “una clara política de ordenación del territorio, congruente con los principios del desarrollo sostenible”. Sin embargo, el especialista en ordenación del territorio advierte la necesidad de evaluar las posibles implicaciones que generaría este tipo de acción, “por el precedente que crearía, y sobre todo en el caso de parques nacionales de tanta importancia nacional y mundial como los que existen aquí en Guayana”.
Explica que antes de tomar una decisión final es necesario considerar las implicaciones legales que a nivel nacional e internacional tendría el desafectar un área protegida. Recordó que Venezuela tiene a nivel internacional compromisos derivados de la firma de varios convenios y tratados “que implican la obligación de proteger de manera estricta espacios que tienen características similares a la de nuestros parques nacionales, tales como el firmado en la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América, celebrada en Washington en 1940; y el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, entre otros”. Agregó que el artículo 28 de la ley orgánica para la ordenación territorial y urbanística, contempla la desafectación total o parcial de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, pero con excepción de las áreas amparadas por convenios y tratados internacionales. “La Ley establece además que la desafectación deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional. Es decir, la desafectación de parques nacionales no sólo podría estar violando nuestras propias leyes debido a la forma como se está procediendo, sino los convenios y tratados internacionales ya firmados por el país”.

ESPACIOS ALTERNATIVOS
Maytin aboga más por la relocalización en espacios alternativos que existen en el país y que se ubican fuera de los límites de los parques, “ciudades intermedias por ejemplo, amen de otras áreas alternativas del interior del país que es necesario ir ocupando, eso sí, ordenadamente, con criterios ambientales”. A juicio del especialista este tipo de estrategia de desarrollo territorial-ambiental sería congruente con el modelo de los cinco equilibrios del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que ha propuesto el mismo gobierno nacional, “ya que en éste se plantea dentro del equilibrio territorial, que la estrategia a seguir debe ser más bien la de desconcentración de población desde los centros urbanos más poblados, hacia espacios menos o aún no poblado, sin embargo, se ha propuesto, al contrario, una mayor concentración de población y de paso, dentro de un Parque Nacional!”.

CASO CANAIMA
El geógrafo, egresado de la Universidad de Los Andes aclara que una desafectación constituye una amenaza más a la integridad del Parque Nacional Canaima. “Son múltiples las presiones que actualmente existen sobre el parque, tanto en las cercanías de sus límites y en algunos casos dentro del mismo parque, debido al desarrollo no ordenado de usos y actividades tales como mineras, agrícolas, turísticas, forestales, residenciales y comerciales, agregándose los problemas asociados al desarrollo de infraestructura que estas actividades siempre implican”.
Por eso Maytin insiste en que tal tipo de precedente, “en nada nos beneficia, resultando impensable que aquí en Guayana y desde Guayana, apoyemos cualquier tipo de intento de desafectación de nuestros parques nacionales”. Incluso va más allá al proponer un reajuste de los límites del parque en su parte norte, “que está amenazado por diversas razones”, y que los mismos se extiendan a la base de Sierra de Lema, “con un buffer externo para mayor protección, y no como está ahora, asociado en su mayor extensión a la cota de los 500 metros sobre el nivel del mar, esto como para mandar un mensaje respecto a lo que estimamos conveniente aquí en la región, en cuanto a parques nacionales”.

HACIA UN MODELO SOSTENIBLE
El profesor de la UNEG explica que una propuesta como la que plantea el Gobierno Nacional no sería un problema si en el país se hubiera implantado un modelo de desarrollo sostenible, basado en una conciencia ambientalista y con cultura de equidad territorial. “El problema, en realidad, es que todavía, no dejamos de aprovechar precedentes como el que pudiera concretarse con la desafectación del Parque Nacional El Ávila, para saciar nuestras apetencias territoriales, de recursos naturales y de espacio. Además, todavía no terminamos de demostrar en las áreas ya ocupadas del país, que sea seguro que vayamos realmente a concretar un uso sostenible de los recursos que nos brinda nuestro territorio como para que justifiquemos el tipo de solución propuesto por el gobierno nacional, independientemente de sus buenas intenciones”.
Maytin está convencido que lo deseable es la no desafectación del Parque Nacional El Avila, “ni la de ningún otro parque del país, y menos en nuestro actual estado de desarrollo de conciencia ambiental y cultura territorial, ya que todavía somos muy dados a ocupar sin ninguna planificación terrenos que deberían permanecer protegidos para asegurar nuestro propio disfrute y el de las generaciones futuras, razón por la cual, si se va a concretar lo planteado por el Gobierno Nacional en el caso del Estado Vargas, ya que así lo decida de manera participativa nuestra sociedad, será necesario reforzar las medidas necesarias, y sobre todo las de tipo educativo, para impedir que este tipo de precedente estimule más desafectaciones de nuestras áreas naturales protegidas en el país”.

NADA EN CONCRETO
Una nota de prensa publicada en la página web del Ministerio del Ambiente señala que este organismo “aún no tiene propuestas concretas para modificar linderos del ávila”; sin embargo, asegura que con la iniciativa de desafectar 3500 hectáreas del Parque Nacional El Ávila se “pretende detener invasiones y sincerizar linderos del parque establecidos en 1952”. La nota reseña las declaraciones de la ministra del Ambiente, Jacqueline Faría quien asegura que “se ha malinterpretado todo lo que se ha dicho en torno a la construcción de nuevas viviendas en el Parque Nacional El Ávila”. Aclara la ministra que tal decisión le corresponde a “un pueblo organizado que luego de ser consultado conjuntamente con expertos ecologistas, promueve una propuesta de modificación del parque nacional que posteriormente va a la Asamblea Nacional. De ser aprobada pasa a Consejo de Ministros. En el Ejecutivo se evalúa nuevamente antes del definitivo visto bueno”.

La educación ambiental a partir de la convivencia que se desarrolla en las comunidades

Así lo viene planteando la especialista en la materia y profesora de la Uneg, Nay Valero en los distintos foros municipales que se han generado en los últimos meses

La basura ha tomado la mayoría de los espacios públicos de la ciudad, sólo basta caminar por sus céntricas calles para sortear toda clase de focos de contaminación que incluso, han llegado a amenazar la estabilidad de los aviones que a diario aterrizan en el aeropuerto de Ciudad Guayana. Volvemos a la misma sempiterna pregunta ¿Qué hacemos con la basura?
Para la especialista en educación ambiental, Nay Valero, profesora de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Uneg y coordinadora del Programa Bioguayana de Fundacite Guayana, “el asunto es comprender cómo desde nuestras individualidades estamos generando una cantidad y un volumen de basura que está yendo a un sitio que a su vez, está generando una cantidad de problemas ambientales y probablemente no estamos conscientes de que estamos generando ese problema”. Una comprensión que según Valero, encuentra una herramienta en la educación ambiental, pero acota que ésta no es exclusiva de un aula de clase, debe buscarse “desde ese conocimiento previo que las mismas comunidades manejan de su entorno o de su parroquia, como una manera de contribuir en el proceso de formación, que no son exclusivos de un aula de clase, se hacen desde esa convivencia que se desarrolla en las comunidades”.
“En principio, nosotros somos los generadores de la basura, término que se utiliza para hablar de una integración o una mezcla donde están los residuos sólidos o desechos sólidos fundamentalmente; esta mezcla es lo que tradicionalmente se le llama basura municipal que son basuras de origen doméstico, existen los de origen industrial y hospitalarias”. Recalcó la importancia de saber diferenciar entre los distintos tipos de basura que se generan porque a su juicio la intención de la alcaldía es que las comunidades se involucren a participar directamente en la gestión de la basura domiciliaria.

ADQUIRIR CONOCIMIENTOS
Valero recoge el concepto manejado por la Unesco y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Pnuma el cual concibe a la educación ambiental como el proceso mediante el cual el hombre será capaz de adquirir conocimientos y experiencias, comprenderlos, internalizarlos y traducirlos en comportamientos que incluyen valores y actitudes que lo conduzcan a una mayor interacción con su Medio Ambiente. Valero mencionó que entre los objetivos que persigue la educación ambiental, está el de proporcionar conocimientos que permitan aprehender la problemática ambiental, local y mundial; propiciar la adquisición de valores y actitudes individuales y colectivas; desarrollar habilidades y capacidades científicas, sociales y culturales; participación efectiva y consciente de la población en la búsqueda de una mejor calidad de vida; y capacidad de evaluación de los procesos con los actores.

RESPONSABILIDADES Y ACTORES
Recordó que según la Carta de Belgrado, impulsada por la Unesco y el Pnuma en 1975, existen rresponsabilidades y actores dentro del proceso de gestión ambiental donde están definidas las competencias de cada uno de ellos. El primero al que hacer referencia es el municipio, el cual debe garantizar la recolección y adecuada disposición de los desechos (Ley Orgánica de Régimen Municipal). El segundo serían los ciudadanos que deben participar en la gestión con acciones como minimizar el volumen, disposición inicial adecuada y cumplir con la normativa ambiental (Decreto 2216). El tercero corresponde a la empresa recolectora cuyo deber es garantizar el cumplimiento de las rutas y los horarios, cumplir con las normas establecidas para el traslado del material (vehículos y personal). El cuarto componente es la empresa que realiza la disposición final de la basura, la cual debe garantizar las normas ambientales y de ingeniería que minimizan los impactos ambientales (suelo, agua y aire) en el sitio. Por último el Ministerio del Ambiente, como ente rector, debe garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales en el Municipio y en los sitios de disposición final.

RESIDUOS Y DESECHOS
Explicó que la basura está conformada por dos componentes: los desechos, que son aquellos que no tienen ningún tipo de alternativa, “son los que normalmente deberían ir a un relleno sanitario”; mientras que los residuos son los que, según la Ley Penal del Ambiente, tienen una alternativa de uso “y bajo ese concepto es que se comienza a desarrollar otro tipo de proceso. Estos pueden ser desde evaluar cómo se genera el volumen, la cantidad y el tipo de basura en los hogares y cómo esa cantidad va a un proceso de recolección y luego de disposición final”. En tal sentido, una de las acciones que pueden realizar los consumidores para conocer ese volumen de basura que se genera es a través de las compras “conscientes”. “Si se usan envases de plásticos que son desechables, no son necesarios los pitillos que muchas veces se utilizan innecesariamente. Un pitillo es un plástico que no es biodegradable por lo que no se puede incorporar nuevamente al ciclo de la naturaleza y que tampoco se usa en los programas de reciclaje”.

LAS TRES R
Valero es una defensora de los programas de reciclaje cuya aplicación pasa por entender el significado de las tres R. “Reducir, lo que significa asumir hábitos de compras conscientes, evaluar la cantidad y el tipo de desechos o residuos que estoy generando, e intentar hacer cambios en disminuir la cantidad y el tipo. La otra es Reusar, es decir, evaluar qué uso alternativo tienen algunos de los residuos que estoy generando y ponerlo en práctica. Por último, Reciclar, que no es otra cosa que conocer qué tipo, cantidad y frecuencia de residuos se genera en mi comunidad y parroquia. Evaluar si es posible organizarnos para generar una alternativa económica. Establecer alianzas para instalar: un proceso de recolección selectiva, un centro de acopio y procesos productivos para nuevos productos (artesanalmente-pequeña industria)”.
Para lograr el proceso de aplicación de las tres R, Valero refuerza la necesidad de la participación en la cual se debe conformar equipos, identificar situaciones comunes, diseñar plan de actividades, establecer responsabilidades, respetar las ideas y ser solidarios en el proceso. Recalca que todo proceso necesita ser evaluado, por lo cual establece una serie de pasos a seguir en la evaluación: “estar pendiente del proceso, cuestionar con propuestas alternativas, no juzgar, ni criticar para destruir. Ser consciente de que todo proceso se construye y pueden existir debilidades. Tener disposición y capacidad para corregir y seguir”.

CÍRCULO INTEGRAL
La profesora de la Uneg, Nay Valero explicó que el proceso de educación ambiental es un círculo donde están interconectados comunidad-universidades-medios-empresas-municipio. La comunidad valora los impactos socio-ambientales y los costos del servicio; las universidades e instancias educativas, incluso a los medios de comunicación impulsan programas de investigación, de capacitación y difusión como estrategia interinstitucional para el fortalecimiento del plan de gestión ambiental. Las empresas promueven programas para el fortalecimiento de las iniciativas locales, optimizan los recursos e involucran la variable ambiental en su estrategia de gestión. La municipalidad diversifica el mecanismo de recolección, optimiza los recursos económicos y los redirecciona a salud y educación, e impulsa una cultura ambiental desde su política de gestión, además de promover el desarrollo socio-económico-ambiental local.

Comunidad conoció estudio de impacto ambiental de Saint Gobain

La consulta pública contó con la participación de un nutrido grupo de expertos ambientales, investigadores universitarios y representantes de las comunidades de San Jacinto y La Ceiba

Lograr un desarrollo económico que sea “capaz de satisfacer con equidad las exigencias de toda la población” y ser respetuoso del ambiente, será siempre un desafío. Lo anterior quedó demostrado durante la consulta pública promovida por el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marn) y la empresa Saint Gobain con el fin de dar a conocer a la colectividad el estudio de impacto ambiental que permitirá predecir los posibles daños ambientales que se generen con el aumento en la producción del carburo de silicio, que la empresa ha proyectado realizar en sus planes de adecuación y las medidas correctivas que plantea para mitigar los efectos sobre el ambiente.
La cita fue en el salón Guayana del hotel Rasil donde se congregó un numeroso grupo de habitantes del sector San Jacinto, principal poblado afectado por las emisiones de gases contaminantes generados a lo largo y ancho del corredor industrial Matanzas-Cañaveral; representantes de la empresa Saint Gobain; el director nacional de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental del Marn, Wilmer Machado; la ingeniera Riolama Fernández en representación de la directora estadal del Marn, María Mejías; representantes de la empresa consultora encargada de elaborar el estudio de impacto ambiental, investigadores universitarios y expertos ambientales.

Medias verdades
La comunidad de San Jacinto dejó claro su inconformidad ante el proyecto presentado y como no querían “medias verdades” decidieron habilitar al Juzgado Tercero del municipio Caroní, a cargo del Juez Celis quien se presentó poco después de iniciado el acto para realizar una inspección ocular y dejar constancia legal de todas las observaciones, inquietudes y recomendaciones que se plantearon en la consulta. La acción sorprendió a los asistentes, pero más aún a los representantes de la empresa y del Marn que no daban crédito a lo que ocurría.
La médica ocupacional Damelis Herrera quien en nombre de la comunidad realizó la acción legal, expresó que no están conformes con los planteamientos presentados por la empresa. “No es que no confiamos en la empresa Saint Gobain, pero en las reuniones que hemos tenido con la empresa, ellos no han tenido respuestas coherentes con la realidad y para que las palabras no se las lleve el viento, decidimos habilitar un tribunal”.

Explicó la médica que la realidad en San Jacinto es que la comunidad está presentando patologías respiratorias, de piel y parasitarias, además de la corrosión presente en los estructuras que se verán incrementadas con la ampliación de la planta. “Si no pueden adecuar lo que ya está funcionando cómo van a garantizar que la ampliación de la planta no va a incrementar aún más los efectos dañinos para la salud y el ambiente que la comunidad padece”.

Política severa
El representante de la empresa Saint Gobain para América Latina, Ildheo Cardozo enfatizó el compromiso ambiental de la empresa al asegurar que tienen una política “muy severa” en relación no sólo al ambiente sino también con las consecuencias para la salud de los empleados y de las comunidades, “nuestros progresos en seguridad industrial y salud y ambiente fueron muy grandes en los últimos años y el objetivo es mejorar cada vez más”.

Dijo estar conscientes que deben establecer una relación “más cercana” con la comunidad “porque la empresa debe ser una continuidad de ella”. Por su parte, el gerente de operaciones de la planta, Luis Moreira aseveró que el proyecto presentado va a garantizar que la expansión será eficiente desde el punto de vista ambiental, de la salud y de la seguridad de los trabajadores. Asegura que en los últimos 5 años la empresa ha cumplido con todos los requerimientos ambientales establecidos en el decreto 638 referido a la calidad de aire. Sin embargo, dijo que empezaron a tomar conocimiento del desagradable olor a azufre “muy recientemente”.

Al respecto, el asesor ambiental de la empresa, Santos Carrasco dijo que los olores ofensivos se seguirán percibiendo, “lo único es que el proyecto nuevo no agravará la situación. Se van a sentir mejoras y disminución de los olores ofensivos una vez que se tomen las medidas de control de emisiones en los hornos que ya existen; reduciendo el contenido de azufre en el coque y con la instalación de los próximos encerramientos”.

Derecho de palabra
Durante la consulta pública, el derecho de palabra evidenció la inconformidad de los vecinos de San Jacinto por el estudio de impacto ambiental presentado; la necesidad de una mayor información sobre los planes de adecuación que implementará la empresa y un mayor control por parte del Marn. Estas son algunas de las voces que se manifestaron ayer:

Oswaldo Fuentes, vecino de San Jacinto: retrató la realidad que viven en el sector donde son continuas las enfermedades respiratorias en personas como en las aves de corral; enfermedades fungosas, manchas y baja floración en las plantas; capa brillante en los cuerpos de agua; corrosión en los materiales.

Beatriz Osorio, vecina: alertó sobre la construcción de obras civiles en la planta a pesar de no haber sido aprobado aún el estudio de impacto ambiental. En tal sentido, la representante del Marn, Riolama Fernández dijo que la empresa tiene la conformidad de uso por parte de la Alcaldía para obras civiles pero no para la operatividad de las mismas.

Francisco Valdez, ambientalista: evidenció la falta de control por parte del Marn y la inexistencia de un sistema de monitoreo de las emisiones atmosféricas. Explicó que la conformidad de uso debe darse después que el Marn otorgue la acreditación ambiental. “Que el ambiente no quede de último”.

Rafael Rondón, sociólogo: criticó la ausencia de un diagnóstico sobre los años que lleva la empresa produciendo y afectando o no el ambiente. Consideró necesario que se frene el proyecto y establecer un conjunto de negociaciones con la comunidad y recordó que en el siglo 21 las empresas tienen dos responsabilidades que atender: la social y la ambiental.

Gonzalo Febres, consultor ambiental: enfatizó la urgencia de realizar un estudio de calidad de aire global donde se incluyan todas las empresas de la zona de Cañaveral y Matanzas y complementar con estudios de suelo, depósitos de agua y dermatológicos para detectar las causas de los problemas que afectan a la comunidad.

Defensoría del Pueblo inicia averiguación
La defensora del pueblo en Ciudad Guayana, Hilda Mejías anunció que desde el 8 de septiembre de este año el defensor en materia ambiental con sede en Caracas, José Figuera, abrió una averiguación sobre la contaminación por malos olores de azufre en el sector San Jacinto.

Mejías dijo que el objetivo de la Defensoría del Pueblo es instar a las autoridades de Ambiente a que cumplan con su función de velar por el completo funcionamiento de las empresas y “si hay un problema en el corredor industrial pues se inspeccionarán a todas las empresas básicas”. Reiteró la necesidad de apoyar un desarrollo empresarial, pero “que se cumpla con la normativa legal y si esta no se adapta a los hechos, pues que se someta a una reestructuración”.