Las organizaciones no gubernamentales como Provea y Vitalis concuerdan en señalar que la ejecución de este programa del Ejecutivo Nacional “podría significar el paso hacia una visión complementaria entre ambiente-desarrollo”
Los informes anuales de la organización ambientalista venezolana Vitalis y el Programa Venezolano Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) concuerdan en señalar que la implementación de la Misión Árbol por parte del Gobierno Nacional es uno de los avances más importantes en materia ambiental registrados el pasado año.
Para la organización de Derechos Humanos Provea, el mencionado programa que busca enfrentar el grave problema de deforestación en el país “podría significar el paso hacia una visión complementaria entre ambiente-desarrollo, en el marco de la propuesta de desarrollo sustentable”. La Misión Árbol pretende sembrar en un lapso de cinco años 100 millones de árboles en 150 mil hectáreas del territorio nacional, un esfuerzo que según Provea “pretende revertir la tendencia a la creciente deforestación que de acuerdo al Viceministro de Conservación de MinAmb lacera anualmente alrededor de 140.000 hectáreas de bosque”. No obstante, la contaminación atmosférica generada por el incremento del parque automotor, la falta de mantenimiento de los vehículos y la deficiente supervisión de las autoridades gubernamentales fue considerada el principal problema ambiental de 2006, según el informe presentado por Vitalis, el cual recoge el análisis de 179 expertos de todo el país. Lo anterior coincide con lo señalado por Provea en su informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela al señalar que los indicadores de la calidad de los recursos suelo, agua y aire no registraron una mejoría “sustancial” durante el mismo periodo.
BALANCE VITALIS El informe de Vitalis numera un total de 37 problemas ambientales de los cuales la contaminación del aire producto del crecimiento del parque automotor; el inapropiado manejo de los residuos sólidos domésticos (basura) y la minería ilegal en el sur del país, destacaron entre los tres primeros lugares. De igual forma, reconoce 36 logros importantes alcanzados tanto por la gestión pública como privada en 2006, a saber: el establecimiento y desarrollo de la Misión Árbol; la reconversión minera al sur del país y el cierre de seis minas en el Estado Bolívar; la aprobación de la Ley Orgánica del Ambiente, que sustituye a la ley de 1966 introduciendo las tendencias y principios más novedosos del derecho internacional y desarrollando las normas constitucionales en la materia; el hallazgo de nuevas especies desconocidas para la ciencia en Venezuela con las trece especies de peces y crustáceos encontrados en el Orinoco y el Ventuari y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Alerta y Pronóstico del Clima, entre otros.
BALANCE DE PROVEA
1 Aire: Con relación al problema de la contaminación del aire, el informe de Provea destaca la firma del convenio particular entre el Ministerio de Ambiente y la estatal petrolera venezolana Pdvsa para la “Evaluación de la Calidad del Aire en las principales Ciudades del País”, el cual tiene como objetivo continuar la realización de los muestreos de contaminantes atmosféricos, tales como partículas totales suspendidas (PTS) y plomo en partículas suspendidas (Pb en PTS), Óxidos de Nitrógeno, Compuestos Orgánicos Volátiles, Dióxido de Azufre, Monóxido de Carbono y Ozono.
2 Suelo: Provea se hace eco del balance ambiental de Vitalis al señalar el problema de la contaminación de los principales niveles de la cadena trófica (suelos, aguas, vegetales, animales y seres humanos) por plaguicidas y agroquímicos en general, particularmente en la región de los Andes y los Llanos. Incluso advierten sobre el permiso de uso del producto BIORAT, que tal como lo señalan, es “de origen cubano usado para el control de roedores que se encuentra prohibido en Argentina y Europa, por sus posibles efectos negativos en el ambiente y la salud humana”.
3 Agua: El informe de Provea reconoce el crecimiento de la inversión pública destinada a los proyectos de saneamiento y tratamiento de aguas servidas, “llegando a representar una porción significativa” de un 40% del presupuesto anual asignado al Ministerio del Ambiente, equivalente a 325.995 millones de bolívares a la ejecución de obras.
“Sin embargo, aún son muchas las demandas a satisfacer, lo que obligaría a pensar en un plan especial de asignaciones por parte del gobierno nacional para cubrir el déficit de obras que presentan las distintas comunidades del país. A pesar de las promesas de saneamiento de los cuerpos de agua principales del país, la lemna sp (lenteja Acuática) volvió a aparecer en las aguas del Lago de Maracaibo”.
4 Leyes: En este sentido, la ONG de Derechos Humanos subraya el adelanto de las discusiones en la Asamblea Nacional sobre la Ley Orgánica de Conservación del Ambiente a pesar que, a su juicio, no han sido tomadas en consideración las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil ambientalista, además de haberse postergado la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Planificación y Gestión del Territorio.
5 Impactos: El informe muestra preocupación por los impactos ambientales asociados a los proyectos energéticos y mineros que se han venido proponiendo y ejecutando durante el período evaluado, así como los problemas de control y monitoreo de los Parques Nacionales. “En la ciudad capital se está edificando sobre áreas verdes protegidas y se registró la reemergencia de la bora o jacinto de agua en el embalse La Mariposa”.
6 Participación: Para Provea “el protagonismo de las comunidades en la defensa de sus derechos ambientales se mantiene limitado ante la ausencia de oficinas de la Dirección General de Ambiente del Ministerio Público en 11 de los 24 estados de la República”. Consideran que el Estado no ha diseñado planes que garanticen la contraloría social ambiental y el fortalecimiento de las organizaciones de base, como las Mesas Técnicas de Agua que tienen potencial de incidencia en la lucha ambiental.
7 Tecnología: Otro de los logros de este período, reseñado en el informe, es la inauguración del Centro Nacional de Alertas y Pronósticos Hidrometereológico, “que se espera sirva para iniciar los estudios, cálculos y análisis que permitan mejorar la capacidad de respuesta frente a las distintas amenazas hidrometereológicas que gravitan sobre el territorio venezolano”.
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Urge crear el Consejo Nacional del Ambiente El Informe de Vitalis recomienda por segundo año consecutivo exhortar al Presidente de la República a crear el Consejo Nacional del Ambiente, instancia que se dedicaría a la consulta de las políticas sectoriales y al seguimiento de los grandes proyectos nacionales en materia ambiental. Este Consejo serviría para “promover la coordinación y la cooperación interinstitucional e intersectorial, particularmente con los gobiernos municipales, a los fines de cooperar efectivamente en el desarrollo de agendas de conservación, mejoramiento y defensa del ambiente en el ámbito local”. Asimismo, recomiendan crear el Fondo Nacional del Ambiente cuyos recursos estarían destinados al “desarrollo de proyectos y programas locales, regionales y nacionales, con la activa participación de la ciudadanía, las ONG, las universidades y las empresas e instituciones del gobierno”.
Los informes anuales de la organización ambientalista venezolana Vitalis y el Programa Venezolano Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) concuerdan en señalar que la implementación de la Misión Árbol por parte del Gobierno Nacional es uno de los avances más importantes en materia ambiental registrados el pasado año.
Para la organización de Derechos Humanos Provea, el mencionado programa que busca enfrentar el grave problema de deforestación en el país “podría significar el paso hacia una visión complementaria entre ambiente-desarrollo, en el marco de la propuesta de desarrollo sustentable”. La Misión Árbol pretende sembrar en un lapso de cinco años 100 millones de árboles en 150 mil hectáreas del territorio nacional, un esfuerzo que según Provea “pretende revertir la tendencia a la creciente deforestación que de acuerdo al Viceministro de Conservación de MinAmb lacera anualmente alrededor de 140.000 hectáreas de bosque”. No obstante, la contaminación atmosférica generada por el incremento del parque automotor, la falta de mantenimiento de los vehículos y la deficiente supervisión de las autoridades gubernamentales fue considerada el principal problema ambiental de 2006, según el informe presentado por Vitalis, el cual recoge el análisis de 179 expertos de todo el país. Lo anterior coincide con lo señalado por Provea en su informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela al señalar que los indicadores de la calidad de los recursos suelo, agua y aire no registraron una mejoría “sustancial” durante el mismo periodo.
BALANCE VITALIS El informe de Vitalis numera un total de 37 problemas ambientales de los cuales la contaminación del aire producto del crecimiento del parque automotor; el inapropiado manejo de los residuos sólidos domésticos (basura) y la minería ilegal en el sur del país, destacaron entre los tres primeros lugares. De igual forma, reconoce 36 logros importantes alcanzados tanto por la gestión pública como privada en 2006, a saber: el establecimiento y desarrollo de la Misión Árbol; la reconversión minera al sur del país y el cierre de seis minas en el Estado Bolívar; la aprobación de la Ley Orgánica del Ambiente, que sustituye a la ley de 1966 introduciendo las tendencias y principios más novedosos del derecho internacional y desarrollando las normas constitucionales en la materia; el hallazgo de nuevas especies desconocidas para la ciencia en Venezuela con las trece especies de peces y crustáceos encontrados en el Orinoco y el Ventuari y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Alerta y Pronóstico del Clima, entre otros.
BALANCE DE PROVEA
1 Aire: Con relación al problema de la contaminación del aire, el informe de Provea destaca la firma del convenio particular entre el Ministerio de Ambiente y la estatal petrolera venezolana Pdvsa para la “Evaluación de la Calidad del Aire en las principales Ciudades del País”, el cual tiene como objetivo continuar la realización de los muestreos de contaminantes atmosféricos, tales como partículas totales suspendidas (PTS) y plomo en partículas suspendidas (Pb en PTS), Óxidos de Nitrógeno, Compuestos Orgánicos Volátiles, Dióxido de Azufre, Monóxido de Carbono y Ozono.
2 Suelo: Provea se hace eco del balance ambiental de Vitalis al señalar el problema de la contaminación de los principales niveles de la cadena trófica (suelos, aguas, vegetales, animales y seres humanos) por plaguicidas y agroquímicos en general, particularmente en la región de los Andes y los Llanos. Incluso advierten sobre el permiso de uso del producto BIORAT, que tal como lo señalan, es “de origen cubano usado para el control de roedores que se encuentra prohibido en Argentina y Europa, por sus posibles efectos negativos en el ambiente y la salud humana”.
3 Agua: El informe de Provea reconoce el crecimiento de la inversión pública destinada a los proyectos de saneamiento y tratamiento de aguas servidas, “llegando a representar una porción significativa” de un 40% del presupuesto anual asignado al Ministerio del Ambiente, equivalente a 325.995 millones de bolívares a la ejecución de obras.
“Sin embargo, aún son muchas las demandas a satisfacer, lo que obligaría a pensar en un plan especial de asignaciones por parte del gobierno nacional para cubrir el déficit de obras que presentan las distintas comunidades del país. A pesar de las promesas de saneamiento de los cuerpos de agua principales del país, la lemna sp (lenteja Acuática) volvió a aparecer en las aguas del Lago de Maracaibo”.
4 Leyes: En este sentido, la ONG de Derechos Humanos subraya el adelanto de las discusiones en la Asamblea Nacional sobre la Ley Orgánica de Conservación del Ambiente a pesar que, a su juicio, no han sido tomadas en consideración las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil ambientalista, además de haberse postergado la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Planificación y Gestión del Territorio.
5 Impactos: El informe muestra preocupación por los impactos ambientales asociados a los proyectos energéticos y mineros que se han venido proponiendo y ejecutando durante el período evaluado, así como los problemas de control y monitoreo de los Parques Nacionales. “En la ciudad capital se está edificando sobre áreas verdes protegidas y se registró la reemergencia de la bora o jacinto de agua en el embalse La Mariposa”.
6 Participación: Para Provea “el protagonismo de las comunidades en la defensa de sus derechos ambientales se mantiene limitado ante la ausencia de oficinas de la Dirección General de Ambiente del Ministerio Público en 11 de los 24 estados de la República”. Consideran que el Estado no ha diseñado planes que garanticen la contraloría social ambiental y el fortalecimiento de las organizaciones de base, como las Mesas Técnicas de Agua que tienen potencial de incidencia en la lucha ambiental.
7 Tecnología: Otro de los logros de este período, reseñado en el informe, es la inauguración del Centro Nacional de Alertas y Pronósticos Hidrometereológico, “que se espera sirva para iniciar los estudios, cálculos y análisis que permitan mejorar la capacidad de respuesta frente a las distintas amenazas hidrometereológicas que gravitan sobre el territorio venezolano”.
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Urge crear el Consejo Nacional del Ambiente El Informe de Vitalis recomienda por segundo año consecutivo exhortar al Presidente de la República a crear el Consejo Nacional del Ambiente, instancia que se dedicaría a la consulta de las políticas sectoriales y al seguimiento de los grandes proyectos nacionales en materia ambiental. Este Consejo serviría para “promover la coordinación y la cooperación interinstitucional e intersectorial, particularmente con los gobiernos municipales, a los fines de cooperar efectivamente en el desarrollo de agendas de conservación, mejoramiento y defensa del ambiente en el ámbito local”. Asimismo, recomiendan crear el Fondo Nacional del Ambiente cuyos recursos estarían destinados al “desarrollo de proyectos y programas locales, regionales y nacionales, con la activa participación de la ciudadanía, las ONG, las universidades y las empresas e instituciones del gobierno”.
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