La consulta pública contó con la participación de un nutrido grupo de expertos ambientales, investigadores universitarios y representantes de las comunidades de San Jacinto y La CeibaLograr un desarrollo económico que sea “capaz de satisfacer con equidad las exigencias de toda la población” y ser respetuoso del ambiente, será siempre un desafío. Lo anterior quedó demostrado durante la consulta pública promovida por el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marn) y la empresa Saint Gobain con el fin de dar a conocer a la colectividad el estudio de impacto ambiental que permitirá predecir los posibles daños ambientales que se generen con el aumento en la producción del carburo de silicio, que la empresa ha proyectado realizar en sus planes de adecuación y las medidas correctivas que plantea para mitigar los efectos sobre el ambiente.
La cita fue en el salón Guayana del hotel Rasil donde se congregó un numeroso grupo de habitantes del sector San Jacinto, principal poblado afectado por las emisiones de gases contaminantes generados a lo largo y ancho del corredor industrial Matanzas-Cañaveral; representantes de la empresa Saint Gobain; el director nacional de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental del Marn, Wilmer Machado; la ingeniera Riolama Fernández en representación de la directora estadal del Marn, María Mejías; representantes de la empresa consultora encargada de elaborar el estudio de impacto ambiental, investigadores universitarios y expertos ambientales.
Medias verdades
La comunidad de San Jacinto dejó claro su inconformidad ante el proyecto presentado y como no querían “medias verdades” decidieron habilitar al Juzgado Tercero del municipio Caroní, a cargo del Juez Celis quien se presentó poco después de iniciado el acto para realizar una inspección ocular y dejar constancia legal de todas las observaciones, inquietudes y recomendaciones que se plantearon en la consulta. La acción sorprendió a los asistentes, pero más aún a los representantes de la empresa y del Marn que no daban crédito a lo que ocurría.
La médica ocupacional Damelis Herrera quien en nombre de la comunidad realizó la acción legal, expresó que no están conformes con los planteamientos presentados por la empresa. “No es que no confiamos en la empresa Saint Gobain, pero en las reuniones que hemos tenido con la empresa, ellos no han tenido respuestas coherentes con la realidad y para que las palabras no se las lleve el viento, decidimos habilitar un tribunal”.
La cita fue en el salón Guayana del hotel Rasil donde se congregó un numeroso grupo de habitantes del sector San Jacinto, principal poblado afectado por las emisiones de gases contaminantes generados a lo largo y ancho del corredor industrial Matanzas-Cañaveral; representantes de la empresa Saint Gobain; el director nacional de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental del Marn, Wilmer Machado; la ingeniera Riolama Fernández en representación de la directora estadal del Marn, María Mejías; representantes de la empresa consultora encargada de elaborar el estudio de impacto ambiental, investigadores universitarios y expertos ambientales.
Medias verdades
La comunidad de San Jacinto dejó claro su inconformidad ante el proyecto presentado y como no querían “medias verdades” decidieron habilitar al Juzgado Tercero del municipio Caroní, a cargo del Juez Celis quien se presentó poco después de iniciado el acto para realizar una inspección ocular y dejar constancia legal de todas las observaciones, inquietudes y recomendaciones que se plantearon en la consulta. La acción sorprendió a los asistentes, pero más aún a los representantes de la empresa y del Marn que no daban crédito a lo que ocurría.
La médica ocupacional Damelis Herrera quien en nombre de la comunidad realizó la acción legal, expresó que no están conformes con los planteamientos presentados por la empresa. “No es que no confiamos en la empresa Saint Gobain, pero en las reuniones que hemos tenido con la empresa, ellos no han tenido respuestas coherentes con la realidad y para que las palabras no se las lleve el viento, decidimos habilitar un tribunal”.
Explicó la médica que la realidad en San Jacinto es que la comunidad está presentando patologías respiratorias, de piel y parasitarias, además de la corrosión presente en los estructuras que se verán incrementadas con la ampliación de la planta. “Si no pueden adecuar lo que ya está funcionando cómo van a garantizar que la ampliación de la planta no va a incrementar aún más los efectos dañinos para la salud y el ambiente que la comunidad padece”.
Política severa
El representante de la empresa Saint Gobain para América Latina, Ildheo Cardozo enfatizó el compromiso ambiental de la empresa al asegurar que tienen una política “muy severa” en relación no sólo al ambiente sino también con las consecuencias para la salud de los empleados y de las comunidades, “nuestros progresos en seguridad industrial y salud y ambiente fueron muy grandes en los últimos años y el objetivo es mejorar cada vez más”.
Política severa
El representante de la empresa Saint Gobain para América Latina, Ildheo Cardozo enfatizó el compromiso ambiental de la empresa al asegurar que tienen una política “muy severa” en relación no sólo al ambiente sino también con las consecuencias para la salud de los empleados y de las comunidades, “nuestros progresos en seguridad industrial y salud y ambiente fueron muy grandes en los últimos años y el objetivo es mejorar cada vez más”.
Dijo estar conscientes que deben establecer una relación “más cercana” con la comunidad “porque la empresa debe ser una continuidad de ella”. Por su parte, el gerente de operaciones de la planta, Luis Moreira aseveró que el proyecto presentado va a garantizar que la expansión será eficiente desde el punto de vista ambiental, de la salud y de la seguridad de los trabajadores. Asegura que en los últimos 5 años la empresa ha cumplido con todos los requerimientos ambientales establecidos en el decreto 638 referido a la calidad de aire. Sin embargo, dijo que empezaron a tomar conocimiento del desagradable olor a azufre “muy recientemente”.
Al respecto, el asesor ambiental de la empresa, Santos Carrasco dijo que los olores ofensivos se seguirán percibiendo, “lo único es que el proyecto nuevo no agravará la situación. Se van a sentir mejoras y disminución de los olores ofensivos una vez que se tomen las medidas de control de emisiones en los hornos que ya existen; reduciendo el contenido de azufre en el coque y con la instalación de los próximos encerramientos”.
Derecho de palabra
Durante la consulta pública, el derecho de palabra evidenció la inconformidad de los vecinos de San Jacinto por el estudio de impacto ambiental presentado; la necesidad de una mayor información sobre los planes de adecuación que implementará la empresa y un mayor control por parte del Marn. Estas son algunas de las voces que se manifestaron ayer:
Oswaldo Fuentes, vecino de San Jacinto: retrató la realidad que viven en el sector donde son continuas las enfermedades respiratorias en personas como en las aves de corral; enfermedades fungosas, manchas y baja floración en las plantas; capa brillante en los cuerpos de agua; corrosión en los materiales.
Beatriz Osorio, vecina: alertó sobre la construcción de obras civiles en la planta a pesar de no haber sido aprobado aún el estudio de impacto ambiental. En tal sentido, la representante del Marn, Riolama Fernández dijo que la empresa tiene la conformidad de uso por parte de la Alcaldía para obras civiles pero no para la operatividad de las mismas.
Francisco Valdez, ambientalista: evidenció la falta de control por parte del Marn y la inexistencia de un sistema de monitoreo de las emisiones atmosféricas. Explicó que la conformidad de uso debe darse después que el Marn otorgue la acreditación ambiental. “Que el ambiente no quede de último”.
Rafael Rondón, sociólogo: criticó la ausencia de un diagnóstico sobre los años que lleva la empresa produciendo y afectando o no el ambiente. Consideró necesario que se frene el proyecto y establecer un conjunto de negociaciones con la comunidad y recordó que en el siglo 21 las empresas tienen dos responsabilidades que atender: la social y la ambiental.
Gonzalo Febres, consultor ambiental: enfatizó la urgencia de realizar un estudio de calidad de aire global donde se incluyan todas las empresas de la zona de Cañaveral y Matanzas y complementar con estudios de suelo, depósitos de agua y dermatológicos para detectar las causas de los problemas que afectan a la comunidad.
Defensoría del Pueblo inicia averiguación
La defensora del pueblo en Ciudad Guayana, Hilda Mejías anunció que desde el 8 de septiembre de este año el defensor en materia ambiental con sede en Caracas, José Figuera, abrió una averiguación sobre la contaminación por malos olores de azufre en el sector San Jacinto.
Derecho de palabra
Durante la consulta pública, el derecho de palabra evidenció la inconformidad de los vecinos de San Jacinto por el estudio de impacto ambiental presentado; la necesidad de una mayor información sobre los planes de adecuación que implementará la empresa y un mayor control por parte del Marn. Estas son algunas de las voces que se manifestaron ayer:
Oswaldo Fuentes, vecino de San Jacinto: retrató la realidad que viven en el sector donde son continuas las enfermedades respiratorias en personas como en las aves de corral; enfermedades fungosas, manchas y baja floración en las plantas; capa brillante en los cuerpos de agua; corrosión en los materiales.
Beatriz Osorio, vecina: alertó sobre la construcción de obras civiles en la planta a pesar de no haber sido aprobado aún el estudio de impacto ambiental. En tal sentido, la representante del Marn, Riolama Fernández dijo que la empresa tiene la conformidad de uso por parte de la Alcaldía para obras civiles pero no para la operatividad de las mismas.
Francisco Valdez, ambientalista: evidenció la falta de control por parte del Marn y la inexistencia de un sistema de monitoreo de las emisiones atmosféricas. Explicó que la conformidad de uso debe darse después que el Marn otorgue la acreditación ambiental. “Que el ambiente no quede de último”.
Rafael Rondón, sociólogo: criticó la ausencia de un diagnóstico sobre los años que lleva la empresa produciendo y afectando o no el ambiente. Consideró necesario que se frene el proyecto y establecer un conjunto de negociaciones con la comunidad y recordó que en el siglo 21 las empresas tienen dos responsabilidades que atender: la social y la ambiental.
Gonzalo Febres, consultor ambiental: enfatizó la urgencia de realizar un estudio de calidad de aire global donde se incluyan todas las empresas de la zona de Cañaveral y Matanzas y complementar con estudios de suelo, depósitos de agua y dermatológicos para detectar las causas de los problemas que afectan a la comunidad.
Defensoría del Pueblo inicia averiguación
La defensora del pueblo en Ciudad Guayana, Hilda Mejías anunció que desde el 8 de septiembre de este año el defensor en materia ambiental con sede en Caracas, José Figuera, abrió una averiguación sobre la contaminación por malos olores de azufre en el sector San Jacinto.
Mejías dijo que el objetivo de la Defensoría del Pueblo es instar a las autoridades de Ambiente a que cumplan con su función de velar por el completo funcionamiento de las empresas y “si hay un problema en el corredor industrial pues se inspeccionarán a todas las empresas básicas”. Reiteró la necesidad de apoyar un desarrollo empresarial, pero “que se cumpla con la normativa legal y si esta no se adapta a los hechos, pues que se someta a una reestructuración”.
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