19 enero 2006

Informe de Provea evidencia débil actuación oficial frente a los ilícitos ambientales


El informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el periodo octubre 2004-septiembre 2005 totaliza 145 denuncias relacionadas con el derecho a un ambiente sano

El informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela para el periodo octubre 2004 a septiembre 2005 que cada año publica el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea, pone en evidencia la débil actuación oficial frente a los ilícitos ambientales, especialmente de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. El informe anual de Provea señala que durante el año 2004, la Defensoría del Pueblo recibió un total de 145 denuncias relacionadas con el derecho al ambiente sano, siendo las principales denuncias referidas a la contaminación atmosférica, de suelos y aguas en áreas naturales y urbanas por descarga de desechos industriales, aguas servidas domésticas, productos agrícolas y pecuarios; y la invasión e intervención de áreas protegidas.
Provea es una organización no gubernamental especializada en la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales que tiene como fin la plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el marco de una sociedad democrática y participativa.

Aspectos negativos
El informe dado a conocer este viernes en la sala B del Ateneo de Caracas por el director de Provea, Carlos Correa, destaca como principales aspectos negativos del derecho a un ambiente sano: el crecimiento incontrolado de la especie vegetal Lenteja Acuática (Lemna sp.) en el Lago de Maracaibo, “reflejo de los procesos de eutrofización que confronta este ecosistema, y que han evidenciado que dicha proliferación es solo la punta del iceberg de la problemática lacustre”. Asimismo, la contaminación atmosférica debido al poco mantenimiento de los vehículos por parte de la ciudadanía y las empresas transportistas y denunciando “la deficiente supervisión de las autoridades municipales y nacionales”. Otro de los aspectos que preocupa es “la contaminación de los cuerpos de agua como consecuencia de la falta de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico e industrial, con la consecuente degradación de las áreas naturales, incluyendo las playas, ríos y balnearios; venteo y quema de gas excedente en la industria petrolera, particularmente en Anzoátegui y Zulia; contaminación a todos los niveles de la cadena trófica (suelos, aguas, vegetales, animales y seres humanos) por plaguicidas y/o agroquímicos en general, particularmente en la región de los Andes y los Llanos”. La basura es otro de los aspectos que denuncia el informe de Provea a pesar que fue aprobada la Ley de Residuos y Desechos Domésticos y el Ministerio del Ambiente creó el Grupo Interinstitucional para desarrollar el soporte económico para la gestión de desechos sólidos.

Aspectos positivos
Para Provea destacan positivamente “la ratificación de Venezuela del Protocolo de Kyoto, los logros en materia de suministro de agua para consumo humano y el establecimiento de las mesas técnicas de agua, en las que las comunidades participan en el manejo y conservación del recurso en forma directa”. Asimismo, el informe considera como positivo la presentación del “Plan de Reconversión Laboral y Redimensionamiento de la Minería en Bolívar y Amazonas” organizado por la Gobernación del Edo. Bolívar y el Ministerio del Ambiente, en especial el anuncio de la titular de Ambiente de paralizar la explotación de hierro y diamante en la cuenca del río Caroní por estar destinada a la generación del 70% de la hidroelectricidad que produce el país. Argumenta el informe de Provea que “la minería resulta ecológicamente nociva y socialmente devastadora, en abierta contradicción con los postulados constitucionales del desarrollo sostenible independientemente del lugar del país donde se realiza”.

Caso Guayana
El informe anual hace especial mención sobre el caso de Guayana donde el mercurio que se utiliza en la explotación aurífera, en muchos casos ilegal, está afectando los ríos guayaneses. El informe recoge las informaciones del biólogo Luis Pérez, de la Fundación La Salle, especialista en contaminación por mercurio, sobre un estudio del año 2004 realizado por Naciones Unidas en el cual se evidenciaron los niveles muy altos de intoxicación por mercurio entre los residentes de El Callao. “Esta situación atenta contra el principio de la solidaridad intergeneracional del desarrollo sustentable”, asegura el informe por lo que recomienda “una acción desde los altos niveles de decisión del país, que defina una verdadera política de Estado para el resguardo patrimonial de las aguas continentales y marinas de la nación, así como en el seno mismo de las bases de la sociedad, mediante un proceso que eduque y forme al ciudadano en el marco de los valores de la conservación, protección y uso racional de este bien natural”. En tal sentido, propone que las Mesas Técnicas de Agua se conviertan “en agentes clave de este proceso”.

Contaminación del aire
La contaminación atmosférica por polvos tóxicos en Guayana también fue un caso de especial significación para la lucha por los derechos a un ambiente sano, según detalla el informe. El caso de la empresa Hevensa, CE Minerales, Vemprecar, Ferroven, así como varias empresas del grupo CVG fueron referidas en el informe de este año por las denuncias interpuestas ante el Ministerio de Ambiente y la Asamblea Nacional por trabajadores de CVG Venalum. Precisamente, el informe advierte sobre el crecimiento de los pasivos ambientales en diversas regiones del país, sin la debida atención de las empresas públicas y privadas responsables de los mismos, así como también la degradación de las diversas cuencas al norte del Río Orinoco. “Canaima es uno de los Parques Nacionales en los que se evidenció conflictos entre la conservación y la intervención por actividades insostenibles”, alerta el informe al tiempo que señala que el continuo flujo de visitantes que recibe, ha limitado el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa para su protección como Zona de Recuperación Natural en el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Sector Oriental del Parque Nacional Canaima.

Participación social
A manera de reflexión, el informe de Provea sugiere que el ejercicio pleno por parte de la sociedad en su conjunto de sus derechos ambientales se logra toda vez que las acciones incidan “directamente en los problemas que el ciudadano común asocia con sus condiciones cotidianas de vida”. En tal sentido, consideran que los Comité de Tierras Urbanas (CTU) y las Mesas Técnicas de Agua (MTA), “se pueden convertir en las verdaderas bases de soporte popular para alcanzar el objetivo del desarrollo sustentable en Venezuela. La incorporación de estas nuevas formas de organización social a la lucha por la defensa general de los derechos ambientales de los venezolanos sería un extraordinario punto de apalancamiento para la acción que los grupos ambientalistas han venido realizando en el país hace décadas. Con ello se lograría consolidar la necesaria presión social para que los distintos instrumentos que determinan el marco de la defensa de las condiciones de vida en Venezuela puedan aplicarse”. El informe concluye que los CTU y las MTA desde la acción que realizan a nivel local y enmarcado en la nueva perspectiva “nacionalista y globalizadota…permitiría lograr la base de soporte necesaria para lograr que los derechos a un ambiente sano se cumplan en Venezuela”.

Denuncias ante la Defensoría del Pueblo

  • La contaminación atmosférica, de suelos y aguas en áreas naturales y urbanas por descarga de desechos industriales, aguas servidas domésticas, y/o productos agrícolas y pecuarios.
  • La invasión e intervención de áreas ambientalmente protegidas.
  • Fallas de construcción y mantenimiento de equipamiento ambiental; invasión e intervención de parques recreacionales.
  • Ausencia de prevención al impacto por contaminación; fallas en el saneamiento ambiental
    invasión e intervención de áreas naturales privadas
  • Exterminio de poblaciones silvestres.
  • Degradación ambiental y desaparición de ecosistemas naturales; y solicitudes de estudio de impacto ambiental

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