La pequeña minería no está bajo el control del Estado

En los últimos 15 años el Estado Bolívar ha visto pasar innumerables acuerdos, incluido el plan de reconversión minera, con el fin de ordenar una actividad que termina siendo incontrolable a falta de una verdadera política de Estado que integre los múltiples actores que intervienen en ella

¿Qué pasó con la Carta Ambiental de Angostura de 2005 que pretendía sellar el compromiso de un sinnúmero de representantes de los diferentes sectores e instituciones, tanto públicas como privadas, involucrados con la actividad minera en la región para juntos emprender la misión de “erradicar la minería ilegal”? Una pregunta que pareciera tener respuesta en los trágicos sucesos ocurridos en Maripa y La Paragua donde se evidenció que tal compromiso no cristalizó en nada, así como tantos otros acuerdos, incluido el plan de reconversión minera, que en los últimos 15 años –para no ir más atrás-, se han esgrimido entorno a una actividad que termina siendo incontrolable a falta de una verdadera política de Estado que integre los múltiples actores que intervienen en ella.
En aquella iniciativa de la llamada “Carta Ambiental de Angostura” promovida por la Aduana Principal de Ciudad Guayana el 14 de abril de 2005 durante la instalación del I Taller sobre Minería Ilegal y Derechos Ambientales, se buscaba integrar el papel de las distintas instituciones públicas y privadas con el fin de establecer estrategias en conjunto que permitan eliminar una actividad que no está generando dividendos al fisco nacional y que para muchos ambientalistas no es sustentable. En esa reunión estaban todos los que debían estar: cooperativas mineras, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industrias Básicas y Minería, ambientalistas, Seniat, Guardia Nacional, Gobernación del Estado Bolívar, Alcaldías, empresas mineras, asesores ambientales, universidades, investigadores, entre otros; lo que demuestra la importancia y el interés que reviste este tema en una región de múltiples potencialidades. ¿Se logró esta misión? A la luz de los hechos, pareciera que no. Luego vendría, tres meses después, el mayor de los compromisos, el de la alianza pueblo y Gobierno con el anuncio del Plan de Reconversión Laboral para los mineros, que a todas luces no ha logrado el objetivo de “erradicar” una actividad que se remonta, según algunos estudiosos, a mediados del siglo 19. El especialista forestal y profesor de la ULA, Julio César Centeno asegura que las primeras solicitudes de concesiones mineras datan de 1854, en la región conocida como El Dorado. Toda una historia de tradición minera artesanal en la Guayana de “suruqueros” y “bateeros” que han escrito páginas de leyendas con personajes tan famosos como “Barrabás” quien consiguió el diamante más grande que se haya encontrado en Venezuela. Así que el problema de la minería ilegal es un asunto que necesita abordarse desde la interdisciplinariedad, con una visión holística del problema y no desde una oficina en Caracas con funcionarios públicos que sólo conocen la región desde un helicóptero.

ENTRE DIAGNÓSTICOS Y DECLARACIONES
Una simple revisión de los diagnósticos de la actividad minera en la cuenca del río Caroní y las reuniones de alto nivel que se han realizado en los últimos 15 años para erradicar la minería ilegal confirma que todo está dicho en esta materia. Sólo tres fechas para recordar. En el año 1991, la Vicepresidencia de Minería de CVG, Tecmin y Edelca realizaron el estudio integral de la actividad minera en la cuenca del río Caroní. Para ese entonces, el estudio evidenció la necesidad de ordenar la minería de oro y diamante en el mencionado sector por la existencia de “una minería con métodos de explotación irracional” que generaba entre otros impactos, los siguientes: afectación de 2000 hectáreas de vegetación; una remoción aproximada de 71 mil toneladas métricas de suelo, valores de mercurio disuelto, entre otros. Este estudio generó la promulgación del Decreto Nº 1.742 de fecha 25-07-91 mediante el cual se dictó el marco general para la normalización de la actividad de exploración, desarrollo y explotación de oro y diamante en la cuenca del Alto Caroní. Luego, el 14 de julio de 1994, Ministros, Gobernadores y CVG firmaron la “Declaración sobre la Minería en Guayana”, la cual estructuró una comisión de alto nivel y un comité operativo para “analizar la normativa regulatoria de la actividad minero-forestal-ambiental en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro” y decretar “medidas urgentes para detener la minería irracional”. En el mismo documento se instó a “rechazar la minería irracional depredadora y las actividades mineras ejecutadas por ilegales”. Posteriormente, en el VI Seminario Guayanés sobre Conservación del Ambiente realizado del 30 de junio al 3 de julio de 1998 se presentó la “Propuesta para la normalización de la situación minero-ambiental en la cuenca media y alta del río Caroní”, elaborado por los ingenieros Armando Madero y Castor Navas de la gerencia de Planificación y Control de la Minería de CVG. Esta propuesta planteó la creación de “unidades de manejo mixto como figura jurídica que permitan compatibilizar, ordenar, reglamentar y controlar las diferentes actividades en función de su potencialidad. Todo ello, en pro de un desarrollo integral que facilite consolidar los asentamientos humanos existentes”. Entre los beneficios que se obtendrían, de ejecutar esta propuesta, se mencionan: control ambiental, consolidación de las poblaciones y comunidades, generar divisas y control sobre la producción, protección de la cuenca media y alta de río Caroní, crear empleos directos productivos y lograr la coordinación interinstitucional”. La pregunta es si en las reuniones para elaborar el plan de reconversión minera se tomaron en consideración todos los anteriores documentos que de alguna u otra forma siguen siendo propuestas viables, pero ¿desconocidas?

LA ODISEA DE RECONVERTIR A UN MINERO
Lo que sí no quedó engavetado fue el Plan de Reconversión Minera diseñado a través de los diferentes ministerios que conformaron la Comisión de Alto Nivel Ambiental creada por el Gobierno Nacional para dar respuesta al grupo de 50 mil mineros artesanales que existen en la cuenca del río Caroní, según el censo realizado por la Misión Piar.
“Ni una sola balsa en el río Caroní”, fue la orden dada por el Presidente de la República, Hugo Chávez y que la ministra de Ambiente y los Recursos Naturales, Jacqueline Farías repitió durante la presentación de dicho plan el 28 de julio de 2005 en Ciudad Bolívar. Además, para que no quedaran dudas, el entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, Víctor Álvarez aclaró que era “un asunto de Estado”. El plan expuesto planteó una estrategia de reconversión laboral en la cual los mineros podrían optar a los créditos del Fondo de Producción Social para crear empresas que generen bienes y servicios en las áreas de aluminio, hierro y madera. Incluso, la titular de Ambiente dijo que los mineros se convertirían en “reforestadores” de las áreas intervenidas. Ante estos anuncios fueron muchas las voces que se alzaron, unas para coincidir y otras para disentir de un plan que no contó con la participación de las universidades de la región que tienen más de 15 años estudiando esta problemática. Tal es el caso de la Universidad Nacional de Guayana (UNEG), una de las casas de estudios que más ha investigado sobre la minería ilegal. Es así como el investigador Rafael Darío Bermúdez recuerda que hace 16 años el gobierno de turno implementó una medida similar paralizando por seis meses la actividad minera con resultados muy negativos para la economía de Ciudad Bolívar. “Muchos negocios se fueron a la quiebra”. Bermúdez considera que el Estado venezolano debe ejercer un manejo y control de esta actividad garantizando un sitio con reservas probadas y promoviendo paralelamente modos de producción alternativos, pero es muy escéptico a estos “planes de reconversión” que se elaboran sin sentarse con el pequeño minero para conocer su realidad. Para Bermúdez, la minería artesanal es de muy difícil control por lo que este tipo de actividad es la que ha venido ocasionando serios daños en sitios ambientalmente frágiles del Estado Bolívar. “Existe bastante consenso en la región en que la causa principal de los problemas mencionados obedece a la ausencia de una política minera por parte del Estado venezolano”, misma que a juicio de Bermúdez debe estar orientada hacia “la elaboración y aprobación de un Plan Integral de Desarrollo Minero con sujeción a las directrices y lineamientos del Plan Estadal de Ordenamiento del Territorio, así como también a la elaboración y aprobación de los planes de ordenamiento de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial y sus respectivos reglamentos de usos”.

SOLUCIONES A LARGO PLAZO
Para Sergio Milano, antropólogo e investigador, las soluciones no pueden ser a corto plazo, “el pequeño minero se sustenta sobre elementos culturales mágico-religiosos que es donde se organiza el proceso productivo lo que implica que cambiar estos modo de producción chocarían con modos de ser, de pensar, y de organización familiar que podrían –si se contradicen- echar por tierra los planes del Estado Venezolano”. Las experiencias que ha tenido como investigador social en el área minera de Las Claritas, Km 88 y del Bajo Caroní así lo confirman. Aún más, Milano destaca la importancia del papel de la mujer en la organización familiar, “eso obliga a que el plan de diversificación económica tenga como eje a la mujer, es un elemento cohesionador del núcleo familiar. La mujer va a nuclear al niño y lo inserta en otro modo de producción al cual progresivamente se sumará el marido minero”. La debilidad que observa el investigador está en los trabajos donde se insertarían los mineros: fábricas de aluminio, hierro y madera, que a juicio de Milano está fuera de su modo de producción tradicional. “No así la producción de aves y rubros agrícolas, los cuales si estarían dentro de sus tradiciones, porque la mujer lo ha hecho durante años, aunque a baja escala, por eso si se incentiva ese modo de producción a escala un poco más grande, eso podría dar buen resultado”. Aclaró que aquello que no esté dentro de su marco psicológico, “corre el riesgo de fracasar”. Por su parte, Luís Guzmán, coordinador del Centro de Investigaciones de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Uneg, considera que los recursos son elementos para ser utilizados en aras de procurar una mejor calidad de vida de la sociedad, por lo que a su entender, los mineros artesanales pueden seguir ejerciendo tal actividad bajo la premisa de la utilización racional de los recursos, la cual se asocia con el paradigma del desarrollo sustentable que es un concepto aceptado mundialmente. “Si contáramos con un plan de ordenación territorial esta situación se hubiese resuelto desde hace tiempo. Pienso que la implantación de medidas articuladas, con un adecuado plan de ordenación, fundamentado en las potencialidades y limitaciones de los ecosistemas tropicales, y garantizando la transferencia de tecnología amigable con el ambiente, tecnología adecuada a nuestros ecosistemas que impida la utilización del mercurio, constituiría una herramienta fundamental para solucionar este problema de vieja data”.
Lo cierto es que desde que se anunció el mencionado plan de reconversión, el sector de la pequeña minería no estuvo conforme. Luís Gerardo Almeda, coordinador nacional del Frente Bolivariano de Mineros Revolucionarios, expresó su desconcierto por cuanto a su juicio la mencionada comisión debió presentar un plan alternativo para el desarrollo integral de las comunidades mineras “que tiene muchos años ejerciendo esa actividad económica en el estado Bolívar”. Considera muy difícil que “de la noche a la mañana se pretenda reconvertir esa cultura que se ha venido desarrollando a lo largo de 200 años y sin la participación de las comunidades mineras representadas en las diferentes organizaciones que hacen vida activa en los sectores mineros”. Dejó claro que están en desacuerdo con el término de “reconversión” porque a su entender, en el mismo no se ubicó a los mineros como actores principales del problema, además, considera debe darse en un tiempo de transición durante el cual “se debe promover la educación para transformar la cultura del pequeño minero e incorporarlo con una nueva visión y un nuevo desarrollo que pueda derivar al sector agroalimentario, piscícola-pesquero o turístico, en el cual pudiéramos incentivar las artesanías a través de la orfebrería. Es decir, en un sin fin de actividades que están correlacionadas con la pequeña minería”. Cree que los mineros conocen la importancia que reviste la cuenca del río Caroní al poseer toda la riqueza hidroeléctrica y acuífera que necesita el país, pero enfatizó que existe una metodología técnica y científica para ejercer la minería de balsa sin comprometer el ambiente “y de eso pueden dar fe las experiencias de la CVG e incluso la Fundación La Salle evidenció que sí se podía ejercer la minería en agua con técnicas que no generan tanto impacto ambiental en cuanto a la depredación, que son de fácil manejo y que pueden ser controladas por parte del Estado. Lo que hace falta es que el Estado determine en dónde se aplicar esa tecnología”. Recordó que no se pueden cerrar las puertas a una opción técnica científica, “porque de lo contrario se cerraría la visión de muchos profesionales que hoy en día están investigando cómo aplicar la tecnología en el sector minero”.
Aclaró que la planteada reconversión debe reorientarse hacia un plan de manejo de las cuencas donde participen las comunidades indígenas, los grupos ecologistas, los mineros y las instituciones y de ahí sacar un provecho definitivo a ese conflicto. Lo cierto es que luego de un año de su ejecución, el plan del Gobierno ha contribuido con la reconversión de 1954 mineros de los 50 mil que fueron censados por la Misión Piar. Por algo la intuición guayanesa auguraba que la reconversión de los mineros ilegales duraría lo que tardara en “explotar una bulla”.

AFECTACIÓN AMBIENTAL
Diversas organizaciones ambientalistas y centros de investigación del país han advertido de la amenaza que representa para la estratégica cuenca del río Caroní la actividad minera ilegal. Precisamente, la organización ambientalista Vitalis expone, en su portal de Internet www.vitalis.net, un documento dado a conocer por la Asociación de Vigilantes Voluntarios del Ambiente en la Zona Fronteriza de la Gran Sabana, en el cual se destacan los riesgos y consecuencias de la minería ilegal en la generación de energía hidroeléctrica. El mismo señala los resultados de un estudio realizado en el año 1989 por el Departamento de Estado Norteamericano a petición del gobierno venezolano en el embalse de Guri. "Los resultados de este análisis establecen que CVG Edelca debía tener extremo cuidado con la cuenca porque pocos metros de sedimentación arrastrada por la actividad minera aguas arriba acortarían su tiempo de vida y harían colapsar la represa". Sin embargo, en el año 1997 un informe presentado por la empresa hidroeléctrica a la Comisión Permanente del Ambiente y Ordenación del Territorio de la antigua Asamblea Nacional señala que de acuerdo al monitoreo permanente de los sólidos en suspensión en los ríos que conforman la cuenca del Caroní, “la rata de registros (para 1997) de 8 mil toneladas métricas por día que entran a la presa no compromete en ningún momento su capacidad de generación en por los menos 2 mil 500 años”. No obstante, esta empresa siempre ha manifestado su preocupación por el incremento y el deterioro irreversible que causa la actividad minera ilegal en la vegetación, los suelos y agua de esta importante cuenca productora de hidroelectricidad.
Sobre el impacto de esta actividad, el docente investigador de la UNEG, el biólogo Hernán Castellanos confirma que al remover los suelos con los monitores hidráulicos -usados por los mineros- se produce erosión y con la lluvia todos esos sedimentos van a los ríos y si a esto se le agrega la contaminación mercurial, el proceso de afectación es más global, “así empieza el proceso que no tiene recuperación inmediata en especial por los suelos guayaneses que son pobres en nutrientes”. Como investigador considera que antes de emprender cualquier proyecto minero o forestal se debe conocer todo lo relacionado al medio ambiente - morfología, geología, dinámica- y tratar de emular el sistema, “porque hasta ahora el sistema natural ha demostrado ser perfecto, de contar con mecanismos de recuperación y retroalimentación propia”. A su juicio es prioritaria una mayor investigación, “pero idónea porque no se hace nada con investigar y después no resolver los problemas de base”. Como especialista en bosques ribereños, la bióloga de la UNEG, Judith Rosales subrayó la afectación que se observa en estos paisajes de la cuenca del Caroní, situación ésta que considera preocupante por la función misma de los corredores ribereños de incrementar la diversidad del paisaje. “Ahí hay especies únicas que toleran condiciones de inundación, de velocidad del río y de sedimentación que de manera natural se depositan en la ribera, de forma tal que aquellas especies presentes incrementan la diversidad del paisaje, lo cual significa que hay un impacto negativo importante a nivel de paisaje”.
Y diversidad biológica es lo que hay en demasía en el estado más grande del país, que a su vez posee una de las mayores riquezas minerales en el subsuelo nacional. De ahí que lograr conciliar un desarrollo sustentable que sea capaz de satisfacer con “equidad” las exigencias de toda la población y al mismo tiempo ser respetuoso del ambiente, será siempre un desafío. Es hora de asumirlo.

ORO QUE NO DA DIVIDENDOS
La ex ministra del Ambiente y los Recursos Naturales, Ana Elisa Osorio confesó el 15 de julio de 2003 que este metal tan preciado, “no le ha dejado absolutamente nada, ni a los mineros ni al país”. Según las estadísticas del Ministerio de Producción y Comercio del año 2001 la minería, en su conjunto, representó menos del 1% del producto interno bruto del país. ¿Pero acaso es culpa de los mineros o de un Estado que no ha ejercicio una verdadera vigilancia y control de dicho recurso? Para el experto de la ULA, Julio César Centeno, “la producción oficial de oro en Venezuela corresponde a una porción variable de los valores reales, debido a limitaciones en los sistemas de administración y control, al contrabando, la explotación ilegal y la corrupción asociada a la actividad minera en el país”. Centeno asegura que la actividad minera genera unos costos sociales y ambientales que suelen exceder los beneficios, “especialmente cuando se carece de una capacidad efectiva de vigilancia y control y cuando dicha actividad genera sólo beneficios económicos marginales para la sociedad”. Además, es sabido que el oro y el diamante extraído de la minería ilegal no pueden ser liquidados al Banco Central por no estar permisado, lo que hace casi imposible conocer la cantidad de oro y diamante que sale del país de forma ilegal. ¿Pero quién permisa y controla? ¿Acaso no es el Estado venezolano a través del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Industrias Básicas y Minería? Pero son ellos los que se mantienen ausente en todos los frentes de trabajo minero como Urimán, Ikabarú, El Polaco, San Vicente de Paúl, La Paragua, Supamo Parapapoi. Recuerdo las palabras del presidente del consejo de administración de la cooperativa del Guaniamo, Pablo Bello quien aseguraba que no hay una exigencia por parte del Estado venezolano en cuanto a la vigilancia y control, “no hay preocupación por reclamar el cumplimiento de la norma”. ¿Y entonces?