03 noviembre 2006

66 organizaciones ambientalistas alzan su voz contra la minería ilegal

En un comunicado divulgado esta semana, los integrantes de Forja exigen al Gobierno Nacional enérgicas acciones contra una minería que “continua destruyendo ecosistemas vitales y a los pueblos indígenas” y hacen un llamado urgente a investigar a fondo el llamado plan de reconversión laboral
“Si extraer el oro y el carbón significa destruir bosques y cuencas, prefiero que se queden enterrados”, Hugo Chávez, 28 de noviembre de 1998. Haciéndose eco de estas palabras que con frecuencia repite el primer mandatario nacional, el consejo directivo nacional de la Federación de Organizaciones y Juntas Ambientalistas de Venezuela (Forja), divulgó esta semana un comunicado rechazando enérgicamente la minería ilegal en sitios considerados como vitales para la humanidad. “El Gobierno debe restringir la minería de oro, diamante y carbón en todas sus formas, mediante rígidas e incesantes acciones aplicadas a mineros y demás actores de esos rubros en los sitios de su extracción, realizando campañas de concientización y adoptando sanciones contra quienes reincidan o se resistan”.
De igual forma, hacen un llamado urgente a investigar a fondo el llamado “plan de reconversión laboral” que promueve la ministra de Ambiente con el fin de verificar su real alcance y verdaderos efectos. También exigen de los organismos del Estado llegar al fondo de las posibles injusticias, contradicciones, desviaciones o corruptelas denunciadas por supuestos beneficiarios, y aplicar los correctivos que correspondan “para lograr que las cuantiosas sumas de dinero destinadas a los objetivos planteados, se distribuyan y evalúen con eficacia y probidad”.
El comunicado de Forja, institución que agrupa a 66 Organizaciones No Gubernamentales Ambientales de expresión popular (ONGAs) de todo el país, expone que los graves sucesos ocurridos en las localidades de Papelón de Turumbán, La Paragua, Maripa y en la cuenca del Caura del estado Bolívar “representan más pruebas sobre la crítica situación que la minería ha impuesto en la Orinoquia, Amazonia, Perijá y otras regiones venezolanas, destruyendo ecosistemas vitales y dañando a pueblos indígenas”. Señalan que los incesantes daños contra las cuencas de los ríos Caroní, Paragua, Cuyuní y afluentes para extraer oro, diamante y madera, han contaminado las aguas y mermado el caudal hídrico que alimenta las represas que abastecen de energía no sólo al país sino a dos naciones vecinas. “Lo que ocurre en los sistemas ambientales Amazonía y Orinoquia, sin duda se concatena con las graves consecuencias que la extracción carbonífera en la Sierra de Perijá del Estado Zulia, causa a los Ecosistemas del Parque Nacional y a las Etnias que inmemorialmente habitan dicha región”. En tal sentido, Forja explica que los precarios beneficios económicos que recibe el país por la extracción del oro, diamante y carbón, “no se compara con los derivados beneficios materiales, ni compensa en nada los graves e irreversibles daños que dichas actividades producen al patrimonio nacional”.

GUERRA AVISADA…
Sostienen que desde su fundación en julio de 1980, vienen alertando sobre los irreversibles daños que la minería causa a la diversidad biológica y cultural existente en cada área natural protegida, con énfasis en los dos Parques Nacionales del Estado Bolívar (Canaima y Java-Sarisariñama) y los cuatro Parques Nacionales de la Amazonia (Yapacana, Duida Marahuaca, Serranía La Neblina y Parima-Tapirapecó). “Nuestros 43 Parques Nacionales, 41 Monumentos Naturales y demás Áreas Protegidas, garantizan la existencia de las actuales y futuras generaciones; por eso, las criminales acciones mineras auspiciadas por el desarrollismo voraz que Naciones Unidas disfrazó en la Cumbre por la Tierra (Río 92) con la equívoca y ambigua frase desarrollo sustentable para seguir dañando la biodiversidad y valores básicos de nuestros pueblos. Ante esos crímenes, surge la campaña mundial con acciones para mejorar y proteger el ambiente, la cual parte de una expresión sencilla, real, futurista, convincente y que se expresa por si sola, como es el desarrollo ambientalmente sustentado y que hoy significa el reto para superar en colectivo las condiciones de vida”.

IMPACTOS INCUANTIFICABLES
El comunicado advierte sobre los daños “incuantificables que la minería sigue produciendo sobre los bosques, cuencas y el suelo en general” y califica como graves las derivaciones que causan a pueblos indígenas, “legítimos propietarios de las tierras que ocupan y que por ningún respecto deben ser objeto de agresiones, persecuciones y amenazas con el vil propósito de desplazarles de su hábitat ancestral”. Consideran que esta “anarquía impuesta por sectores mineros en varios pueblos indígenas, incluyendo manipulación y chantaje a sus habitantes para que se sumen a la minería, introduciendo cambios en la forma de vida de esas comunidades”, atenta contra los excepcionales ecosistemas que ocupan como sus hábitat, “los cuales siempre han cuidado y defendido”.

EXIGENCIAS A TODO NIVEL
Las 66 ONGAs deploran y condenan los sucesos ocurridos y exigen a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ciudadano, “profundizar las investigaciones del caso en función de aplicar las contundentes y ejemplarizantes sanciones que se desprendan de tan repudiables hechos”.
Asimismo, denuncian la constante violación de los Derechos Ambientales y de los Pueblos Indígenas; pero a la vez exigen a cada funcionario de toda dirección general y demás dependencias del Ministerio del Ambiente, como de las Gobernaciones de Estados y Alcaldías, “monitorear los permisos vinculados con cada Área Natural Protegida, aplicando ejemplarizantes sanciones a quienes irrespeten las normas dirigidas a su protección”.
Solicitan a estas instancias, fijar mecanismos certeros para proteger a cada pueblo indígena, fortaleciendo sus costumbres a fin de mejorar y defender cada ecosistema que ocupan y que aprovechen sus elementos naturales a través de acciones ambientalmente sustentadas.
A la par, exhortan al Comandante General de la Guardia Nacional a crear efectivos grupos especializados en Guardería Ambiental, para que ejerzan a cabalidad las funciones que por ley le corresponden. Igualmente, persuaden al Parlamento Indígena, al Consejo Nacional Indio de Venezuela, a las asociaciones de base de las etnias Yekwana, Pemón, Sanema y otras que habitan el área de influencia del río Caura, a mantener reuniones periódicas de análisis sobre la problemática en consideración, con el fin de aportar fórmulas para solucionarla.

Aplicar las leyes
El consejo directivo nacional de la Federación de Organizaciones y Juntas Ambientalistas de Venezuela (Forja) desempolva los ocho artículos del Capítulo VIII sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (119 al 126), concatenados con los artículos 127,128 y 129 del Capítulo IX sobre Derechos Ambientales de la Constitución Bolivariana “que tanto costó lograr ante la Asamblea Nacional Constituyente y que están dirigidos a asegurar la estabilidad de cada Pueblo Autóctono, como a mejorar y proteger el Ambiente para garantizar calidad de Vida, tal como lo define dicho Modelo de Desarrollo”.

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