18 octubre 2006

La pequeña minería no está bajo el control del Estado

En los últimos 15 años el Estado Bolívar ha visto pasar innumerables acuerdos, incluido el plan de reconversión minera, con el fin de ordenar una actividad que termina siendo incontrolable a falta de una verdadera política de Estado que integre los múltiples actores que intervienen en ella

¿Qué pasó con la Carta Ambiental de Angostura de 2005 que pretendía sellar el compromiso de un sinnúmero de representantes de los diferentes sectores e instituciones, tanto públicas como privadas, involucrados con la actividad minera en la región para juntos emprender la misión de “erradicar la minería ilegal”? Una pregunta que pareciera tener respuesta en los trágicos sucesos ocurridos en Maripa y La Paragua donde se evidenció que tal compromiso no cristalizó en nada, así como tantos otros acuerdos, incluido el plan de reconversión minera, que en los últimos 15 años –para no ir más atrás-, se han esgrimido entorno a una actividad que termina siendo incontrolable a falta de una verdadera política de Estado que integre los múltiples actores que intervienen en ella.
En aquella iniciativa de la llamada “Carta Ambiental de Angostura” promovida por la Aduana Principal de Ciudad Guayana el 14 de abril de 2005 durante la instalación del I Taller sobre Minería Ilegal y Derechos Ambientales, se buscaba integrar el papel de las distintas instituciones públicas y privadas con el fin de establecer estrategias en conjunto que permitan eliminar una actividad que no está generando dividendos al fisco nacional y que para muchos ambientalistas no es sustentable. En esa reunión estaban todos los que debían estar: cooperativas mineras, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industrias Básicas y Minería, ambientalistas, Seniat, Guardia Nacional, Gobernación del Estado Bolívar, Alcaldías, empresas mineras, asesores ambientales, universidades, investigadores, entre otros; lo que demuestra la importancia y el interés que reviste este tema en una región de múltiples potencialidades. ¿Se logró esta misión? A la luz de los hechos, pareciera que no. Luego vendría, tres meses después, el mayor de los compromisos, el de la alianza pueblo y Gobierno con el anuncio del Plan de Reconversión Laboral para los mineros, que a todas luces no ha logrado el objetivo de “erradicar” una actividad que se remonta, según algunos estudiosos, a mediados del siglo 19. El especialista forestal y profesor de la ULA, Julio César Centeno asegura que las primeras solicitudes de concesiones mineras datan de 1854, en la región conocida como El Dorado. Toda una historia de tradición minera artesanal en la Guayana de “suruqueros” y “bateeros” que han escrito páginas de leyendas con personajes tan famosos como “Barrabás” quien consiguió el diamante más grande que se haya encontrado en Venezuela. Así que el problema de la minería ilegal es un asunto que necesita abordarse desde la interdisciplinariedad, con una visión holística del problema y no desde una oficina en Caracas con funcionarios públicos que sólo conocen la región desde un helicóptero.

ENTRE DIAGNÓSTICOS Y DECLARACIONES
Una simple revisión de los diagnósticos de la actividad minera en la cuenca del río Caroní y las reuniones de alto nivel que se han realizado en los últimos 15 años para erradicar la minería ilegal confirma que todo está dicho en esta materia. Sólo tres fechas para recordar. En el año 1991, la Vicepresidencia de Minería de CVG, Tecmin y Edelca realizaron el estudio integral de la actividad minera en la cuenca del río Caroní. Para ese entonces, el estudio evidenció la necesidad de ordenar la minería de oro y diamante en el mencionado sector por la existencia de “una minería con métodos de explotación irracional” que generaba entre otros impactos, los siguientes: afectación de 2000 hectáreas de vegetación; una remoción aproximada de 71 mil toneladas métricas de suelo, valores de mercurio disuelto, entre otros. Este estudio generó la promulgación del Decreto Nº 1.742 de fecha 25-07-91 mediante el cual se dictó el marco general para la normalización de la actividad de exploración, desarrollo y explotación de oro y diamante en la cuenca del Alto Caroní. Luego, el 14 de julio de 1994, Ministros, Gobernadores y CVG firmaron la “Declaración sobre la Minería en Guayana”, la cual estructuró una comisión de alto nivel y un comité operativo para “analizar la normativa regulatoria de la actividad minero-forestal-ambiental en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro” y decretar “medidas urgentes para detener la minería irracional”. En el mismo documento se instó a “rechazar la minería irracional depredadora y las actividades mineras ejecutadas por ilegales”. Posteriormente, en el VI Seminario Guayanés sobre Conservación del Ambiente realizado del 30 de junio al 3 de julio de 1998 se presentó la “Propuesta para la normalización de la situación minero-ambiental en la cuenca media y alta del río Caroní”, elaborado por los ingenieros Armando Madero y Castor Navas de la gerencia de Planificación y Control de la Minería de CVG. Esta propuesta planteó la creación de “unidades de manejo mixto como figura jurídica que permitan compatibilizar, ordenar, reglamentar y controlar las diferentes actividades en función de su potencialidad. Todo ello, en pro de un desarrollo integral que facilite consolidar los asentamientos humanos existentes”. Entre los beneficios que se obtendrían, de ejecutar esta propuesta, se mencionan: control ambiental, consolidación de las poblaciones y comunidades, generar divisas y control sobre la producción, protección de la cuenca media y alta de río Caroní, crear empleos directos productivos y lograr la coordinación interinstitucional”. La pregunta es si en las reuniones para elaborar el plan de reconversión minera se tomaron en consideración todos los anteriores documentos que de alguna u otra forma siguen siendo propuestas viables, pero ¿desconocidas?

LA ODISEA DE RECONVERTIR A UN MINERO
Lo que sí no quedó engavetado fue el Plan de Reconversión Minera diseñado a través de los diferentes ministerios que conformaron la Comisión de Alto Nivel Ambiental creada por el Gobierno Nacional para dar respuesta al grupo de 50 mil mineros artesanales que existen en la cuenca del río Caroní, según el censo realizado por la Misión Piar.
“Ni una sola balsa en el río Caroní”, fue la orden dada por el Presidente de la República, Hugo Chávez y que la ministra de Ambiente y los Recursos Naturales, Jacqueline Farías repitió durante la presentación de dicho plan el 28 de julio de 2005 en Ciudad Bolívar. Además, para que no quedaran dudas, el entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, Víctor Álvarez aclaró que era “un asunto de Estado”. El plan expuesto planteó una estrategia de reconversión laboral en la cual los mineros podrían optar a los créditos del Fondo de Producción Social para crear empresas que generen bienes y servicios en las áreas de aluminio, hierro y madera. Incluso, la titular de Ambiente dijo que los mineros se convertirían en “reforestadores” de las áreas intervenidas. Ante estos anuncios fueron muchas las voces que se alzaron, unas para coincidir y otras para disentir de un plan que no contó con la participación de las universidades de la región que tienen más de 15 años estudiando esta problemática. Tal es el caso de la Universidad Nacional de Guayana (UNEG), una de las casas de estudios que más ha investigado sobre la minería ilegal. Es así como el investigador Rafael Darío Bermúdez recuerda que hace 16 años el gobierno de turno implementó una medida similar paralizando por seis meses la actividad minera con resultados muy negativos para la economía de Ciudad Bolívar. “Muchos negocios se fueron a la quiebra”. Bermúdez considera que el Estado venezolano debe ejercer un manejo y control de esta actividad garantizando un sitio con reservas probadas y promoviendo paralelamente modos de producción alternativos, pero es muy escéptico a estos “planes de reconversión” que se elaboran sin sentarse con el pequeño minero para conocer su realidad. Para Bermúdez, la minería artesanal es de muy difícil control por lo que este tipo de actividad es la que ha venido ocasionando serios daños en sitios ambientalmente frágiles del Estado Bolívar. “Existe bastante consenso en la región en que la causa principal de los problemas mencionados obedece a la ausencia de una política minera por parte del Estado venezolano”, misma que a juicio de Bermúdez debe estar orientada hacia “la elaboración y aprobación de un Plan Integral de Desarrollo Minero con sujeción a las directrices y lineamientos del Plan Estadal de Ordenamiento del Territorio, así como también a la elaboración y aprobación de los planes de ordenamiento de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial y sus respectivos reglamentos de usos”.

SOLUCIONES A LARGO PLAZO
Para Sergio Milano, antropólogo e investigador, las soluciones no pueden ser a corto plazo, “el pequeño minero se sustenta sobre elementos culturales mágico-religiosos que es donde se organiza el proceso productivo lo que implica que cambiar estos modo de producción chocarían con modos de ser, de pensar, y de organización familiar que podrían –si se contradicen- echar por tierra los planes del Estado Venezolano”. Las experiencias que ha tenido como investigador social en el área minera de Las Claritas, Km 88 y del Bajo Caroní así lo confirman. Aún más, Milano destaca la importancia del papel de la mujer en la organización familiar, “eso obliga a que el plan de diversificación económica tenga como eje a la mujer, es un elemento cohesionador del núcleo familiar. La mujer va a nuclear al niño y lo inserta en otro modo de producción al cual progresivamente se sumará el marido minero”. La debilidad que observa el investigador está en los trabajos donde se insertarían los mineros: fábricas de aluminio, hierro y madera, que a juicio de Milano está fuera de su modo de producción tradicional. “No así la producción de aves y rubros agrícolas, los cuales si estarían dentro de sus tradiciones, porque la mujer lo ha hecho durante años, aunque a baja escala, por eso si se incentiva ese modo de producción a escala un poco más grande, eso podría dar buen resultado”. Aclaró que aquello que no esté dentro de su marco psicológico, “corre el riesgo de fracasar”. Por su parte, Luís Guzmán, coordinador del Centro de Investigaciones de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Uneg, considera que los recursos son elementos para ser utilizados en aras de procurar una mejor calidad de vida de la sociedad, por lo que a su entender, los mineros artesanales pueden seguir ejerciendo tal actividad bajo la premisa de la utilización racional de los recursos, la cual se asocia con el paradigma del desarrollo sustentable que es un concepto aceptado mundialmente. “Si contáramos con un plan de ordenación territorial esta situación se hubiese resuelto desde hace tiempo. Pienso que la implantación de medidas articuladas, con un adecuado plan de ordenación, fundamentado en las potencialidades y limitaciones de los ecosistemas tropicales, y garantizando la transferencia de tecnología amigable con el ambiente, tecnología adecuada a nuestros ecosistemas que impida la utilización del mercurio, constituiría una herramienta fundamental para solucionar este problema de vieja data”.
Lo cierto es que desde que se anunció el mencionado plan de reconversión, el sector de la pequeña minería no estuvo conforme. Luís Gerardo Almeda, coordinador nacional del Frente Bolivariano de Mineros Revolucionarios, expresó su desconcierto por cuanto a su juicio la mencionada comisión debió presentar un plan alternativo para el desarrollo integral de las comunidades mineras “que tiene muchos años ejerciendo esa actividad económica en el estado Bolívar”. Considera muy difícil que “de la noche a la mañana se pretenda reconvertir esa cultura que se ha venido desarrollando a lo largo de 200 años y sin la participación de las comunidades mineras representadas en las diferentes organizaciones que hacen vida activa en los sectores mineros”. Dejó claro que están en desacuerdo con el término de “reconversión” porque a su entender, en el mismo no se ubicó a los mineros como actores principales del problema, además, considera debe darse en un tiempo de transición durante el cual “se debe promover la educación para transformar la cultura del pequeño minero e incorporarlo con una nueva visión y un nuevo desarrollo que pueda derivar al sector agroalimentario, piscícola-pesquero o turístico, en el cual pudiéramos incentivar las artesanías a través de la orfebrería. Es decir, en un sin fin de actividades que están correlacionadas con la pequeña minería”. Cree que los mineros conocen la importancia que reviste la cuenca del río Caroní al poseer toda la riqueza hidroeléctrica y acuífera que necesita el país, pero enfatizó que existe una metodología técnica y científica para ejercer la minería de balsa sin comprometer el ambiente “y de eso pueden dar fe las experiencias de la CVG e incluso la Fundación La Salle evidenció que sí se podía ejercer la minería en agua con técnicas que no generan tanto impacto ambiental en cuanto a la depredación, que son de fácil manejo y que pueden ser controladas por parte del Estado. Lo que hace falta es que el Estado determine en dónde se aplicar esa tecnología”. Recordó que no se pueden cerrar las puertas a una opción técnica científica, “porque de lo contrario se cerraría la visión de muchos profesionales que hoy en día están investigando cómo aplicar la tecnología en el sector minero”.
Aclaró que la planteada reconversión debe reorientarse hacia un plan de manejo de las cuencas donde participen las comunidades indígenas, los grupos ecologistas, los mineros y las instituciones y de ahí sacar un provecho definitivo a ese conflicto. Lo cierto es que luego de un año de su ejecución, el plan del Gobierno ha contribuido con la reconversión de 1954 mineros de los 50 mil que fueron censados por la Misión Piar. Por algo la intuición guayanesa auguraba que la reconversión de los mineros ilegales duraría lo que tardara en “explotar una bulla”.

AFECTACIÓN AMBIENTAL
Diversas organizaciones ambientalistas y centros de investigación del país han advertido de la amenaza que representa para la estratégica cuenca del río Caroní la actividad minera ilegal. Precisamente, la organización ambientalista Vitalis expone, en su portal de Internet www.vitalis.net, un documento dado a conocer por la Asociación de Vigilantes Voluntarios del Ambiente en la Zona Fronteriza de la Gran Sabana, en el cual se destacan los riesgos y consecuencias de la minería ilegal en la generación de energía hidroeléctrica. El mismo señala los resultados de un estudio realizado en el año 1989 por el Departamento de Estado Norteamericano a petición del gobierno venezolano en el embalse de Guri. "Los resultados de este análisis establecen que CVG Edelca debía tener extremo cuidado con la cuenca porque pocos metros de sedimentación arrastrada por la actividad minera aguas arriba acortarían su tiempo de vida y harían colapsar la represa". Sin embargo, en el año 1997 un informe presentado por la empresa hidroeléctrica a la Comisión Permanente del Ambiente y Ordenación del Territorio de la antigua Asamblea Nacional señala que de acuerdo al monitoreo permanente de los sólidos en suspensión en los ríos que conforman la cuenca del Caroní, “la rata de registros (para 1997) de 8 mil toneladas métricas por día que entran a la presa no compromete en ningún momento su capacidad de generación en por los menos 2 mil 500 años”. No obstante, esta empresa siempre ha manifestado su preocupación por el incremento y el deterioro irreversible que causa la actividad minera ilegal en la vegetación, los suelos y agua de esta importante cuenca productora de hidroelectricidad.
Sobre el impacto de esta actividad, el docente investigador de la UNEG, el biólogo Hernán Castellanos confirma que al remover los suelos con los monitores hidráulicos -usados por los mineros- se produce erosión y con la lluvia todos esos sedimentos van a los ríos y si a esto se le agrega la contaminación mercurial, el proceso de afectación es más global, “así empieza el proceso que no tiene recuperación inmediata en especial por los suelos guayaneses que son pobres en nutrientes”. Como investigador considera que antes de emprender cualquier proyecto minero o forestal se debe conocer todo lo relacionado al medio ambiente - morfología, geología, dinámica- y tratar de emular el sistema, “porque hasta ahora el sistema natural ha demostrado ser perfecto, de contar con mecanismos de recuperación y retroalimentación propia”. A su juicio es prioritaria una mayor investigación, “pero idónea porque no se hace nada con investigar y después no resolver los problemas de base”. Como especialista en bosques ribereños, la bióloga de la UNEG, Judith Rosales subrayó la afectación que se observa en estos paisajes de la cuenca del Caroní, situación ésta que considera preocupante por la función misma de los corredores ribereños de incrementar la diversidad del paisaje. “Ahí hay especies únicas que toleran condiciones de inundación, de velocidad del río y de sedimentación que de manera natural se depositan en la ribera, de forma tal que aquellas especies presentes incrementan la diversidad del paisaje, lo cual significa que hay un impacto negativo importante a nivel de paisaje”.
Y diversidad biológica es lo que hay en demasía en el estado más grande del país, que a su vez posee una de las mayores riquezas minerales en el subsuelo nacional. De ahí que lograr conciliar un desarrollo sustentable que sea capaz de satisfacer con “equidad” las exigencias de toda la población y al mismo tiempo ser respetuoso del ambiente, será siempre un desafío. Es hora de asumirlo.

ORO QUE NO DA DIVIDENDOS
La ex ministra del Ambiente y los Recursos Naturales, Ana Elisa Osorio confesó el 15 de julio de 2003 que este metal tan preciado, “no le ha dejado absolutamente nada, ni a los mineros ni al país”. Según las estadísticas del Ministerio de Producción y Comercio del año 2001 la minería, en su conjunto, representó menos del 1% del producto interno bruto del país. ¿Pero acaso es culpa de los mineros o de un Estado que no ha ejercicio una verdadera vigilancia y control de dicho recurso? Para el experto de la ULA, Julio César Centeno, “la producción oficial de oro en Venezuela corresponde a una porción variable de los valores reales, debido a limitaciones en los sistemas de administración y control, al contrabando, la explotación ilegal y la corrupción asociada a la actividad minera en el país”. Centeno asegura que la actividad minera genera unos costos sociales y ambientales que suelen exceder los beneficios, “especialmente cuando se carece de una capacidad efectiva de vigilancia y control y cuando dicha actividad genera sólo beneficios económicos marginales para la sociedad”. Además, es sabido que el oro y el diamante extraído de la minería ilegal no pueden ser liquidados al Banco Central por no estar permisado, lo que hace casi imposible conocer la cantidad de oro y diamante que sale del país de forma ilegal. ¿Pero quién permisa y controla? ¿Acaso no es el Estado venezolano a través del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Industrias Básicas y Minería? Pero son ellos los que se mantienen ausente en todos los frentes de trabajo minero como Urimán, Ikabarú, El Polaco, San Vicente de Paúl, La Paragua, Supamo Parapapoi. Recuerdo las palabras del presidente del consejo de administración de la cooperativa del Guaniamo, Pablo Bello quien aseguraba que no hay una exigencia por parte del Estado venezolano en cuanto a la vigilancia y control, “no hay preocupación por reclamar el cumplimiento de la norma”. ¿Y entonces?

05 octubre 2006

La opción en la cuenca del río Caura no es la minería


Un total de 19 instituciones venezolanas y extranjeras alzaron su voz por la conservación de una de las pocas cuencas prístinas del planeta, en un claro rechazo a la actividad minera que pretende instalarse en los bosques de la que consideran la mayor frontera forestal tropical del mundo

-¡No queremos la minería en la cuenca del Caura!
Así, de forma tajante y sin medias tintas, un total de 19 instituciones venezolanas y extranjeras alzaron su voz por la conservación de una de las pocas cuencas prístinas del planeta, en un claro rechazo a la actividad minera que pretende instalarse en los bosques de la que consideran la mayor frontera forestal tropical del mundo. La presencia de mineros en la cuenca del río Caura encendió la alarma en el mundo académico y científico no sólo del estado Bolívar, sino de la red internacional de investigadores que desde los años 80 vienen levantando la información básica de uno de los ecosistemas que “sobresale a nivel nacional y mundial por su megadiversidad biológica, su sociodiversidad, su recurso hídrico y su pristinidad”.
El aula cinco de la sede de la UNEG en Chilemex reunió la noche de este viernes a un grupo de investigadores de la Unexpo, UDO, Fundación La Salle, UNEG y representantes de las comunidades indígenas Yekuana para dar a conocer la posición fijada por las 19 instituciones respecto a una actividad que a su juicio amenaza el futuro de toda una generación. “La minería ilegal no ofrece un modelo de comportamiento ciudadano. Esa minería es una actividad transgresora que compromete la construcción del país que queremos. Un minero con chupadora o balsa, independientemente de su origen cultural, es una amenaza contra el futuro de todos”.

DDHH PARA TODOS
El documento que fue expuesto por los investigadores Judith Rosales, Alexander Mansutti y Hernán Castellanos de la UNEG; Flor Meléndez de la Unexpo; Luís Pérez de la Fundación La Salle y Alberto Rodríguez de la comunidad Yekuana, advierte que durante los sucesos ocurridos en el Caura “indígenas y ambientalistas han sido sometidos a violaciones de sus derechos humanos (golpes, saqueo de algunas viviendas y quema de obras). Muchos debieron huir en medio de la noche. Ello ha sido silenciado. La defensa de los derechos humanos no tiene buenos y malos. Todos deben ser defendidos”.
Asimismo, niega que en el Caura haya existido una historia de minería y que “en su mejor momento, no ha involucrado directamente más de 15.000 personas” en todo el ámbito regional. Considera que esta actividad “genera mucho más costos que los beneficios que distribuye entre sus practicantes, costos que todos debemos pagar. Su importancia económica ha sido burdamente sobredimensionada. La opción en el Caura no es la minería, es el aprovechamiento sostenible con participación activa de las comunidades locales”. El documento apoya el plan de ordenamiento que actualmente se redacta desde el Ministerio de Ambiente por cuanto “garantiza el reconocimiento de los hábitats indígenas en el alto Caura y planes de uso con actividades económicas, ecológicas y socialmente sostenibles en el bajo Caura. Una región que tiene el potencial para mantener a todas sus poblaciones. “Sólo debemos ser sensatos. Allí la minería no es el futuro”.

CONSECUENCIAS PARA EL ECOSISTEMA
Aunque las fotos que evidencian el daño ambiental ocasionado por la actividad minera de aluvión “hablan más que mil palabras”, las consecuencias para el ecosistema son innumerables. Entre las que menciona el documento se encuentran:

1 Deforestación de cabeceras del bosque riparino (que nacen en las riberas de los riachuelos), lo que conlleva un aumento en la turbidez del agua, remoción de sedimentos y colmatación de cauces. Eso cambia la fisicoquímica y calidad del agua y por ende la fisiología de los peces. Con la consecuente desaparición y extinción local de las especies.
2 Entrada al sistema de mercurio vía cadena trófica desde invertebrados acuáticos hasta el humano, perjudicado principalmente a los indígenas y criollos que dependen de este alimento. El mercurio es bioacumulativo y por encima de 0.5 microgramos/gramo (que es lo que permite la OMS), puede ser tóxico. Está demostrado el alto nivel de bioacumulación que ha ocurrido en la cuenca del Caroní como resultado de la minería de oro. Por ser un metal pesado no degradable, los lechos fluviales y lacustres contaminados con mercurio tienen capacidad para continuar liberando el tóxico durante siglos. Los mineros y sus vecinos, al quemar la amalgama de oro-mercurio, se contaminan acumulando progresivamente el tóxico y avanzando en los síntomas de la enfermedad conocida como hidrargirismo. Los consumidores de pescado se contaminan con metilmercurio, desarrollando la enfermedad de Minamata en función de los niveles de contaminación y de la frecuencia de consumo.
3 Caída de la pesca, principal fuente de sustento del área, tanto a la ornamental, deportiva, de subsistencia como artesanal. El impacto no es sólo local sino que tiene un radio de acción importante.
4 Con la entrada de la minería hay una mayor demanda de recursos naturales, especialmente pesca. Eso trae consigo una sobreexplotación de los grandes carnívoros (bagres, pavones, curvinatas) y otros herbívoros (morocoto, palometas, boconas), que son importantísimas para los yekuanas.

Asimismo, la declaratoria indica que debido a la alta productividad y diversidad biológica del ecosistema ribereño del Caura, “cualquier intervención en la carga sedimentaria como la que produce la minería de oro aluvial alteraría la dinámica hidráulica del río y su equilibrio con el hábitat y la biota ribereña existente. Hemos demostrado la alta dependencia directa e indirecta que tienen los Yekuana de los recursos de los sistemas ribereños sobre los cuales se sustenta su vida cotidiana (Rosales y Knab-Vispo publicación Libro N. 7 de Scientia Guianae), por ejemplo mas de un 70% de las plantas tienen utilidad”.
Los expertos resaltan la importancia de la red hidrográfica del Caura cuya cobertura vegetal está dominada por formaciones de bosques húmedos.
“Está bordeada por bosques ribereños que exhiben diferentes relaciones ecohidrológicas con los ambientes acuáticos que determinan la estructura y composición de estos ambientes ecotonales tierra-agua. Estos bosques ribereños a pesar de tener una baja diversidad local, generalmente asociada a la intensidad de la inundación, se diferencian de los ecosistemas de tierra firme añadiendo información de diversidad de paisaje y regional relacionada con la hidrodinámica y características geomorfológicas particulares de cada paisaje ribereño funcional. De allí la importancia de su conservación en términos de representatividad y unicidad taxonómica”.
Este documento se hará circular a través de la red internacional de investigadores y científicos para que continúen anexándose un mayor número de personas en defensa del “bono que sus hijos tienen para vivir en un mundo vivible”.

SINERGIA
Los resultados del Foro “Minería en la Guayana Venezolana”, realizado en marzo de este año en el marco del I Congreso Internacional de Biodiversidad del Escudo Guayanés”, evidenciaron una debilidad institucional y de Estado para la administración de la minería y sus consecuencias sociales y ambientales. Los asistentes al Foro advirtieron la necesidad de crear la sinergia para integrar el sistema humano y el sistema natural en búsqueda de un manejo racional. Asimismo, advirtieron que “aunque se ha hablado de la reconversión todavía no se vislumbra una factibilidad social y territorial para implementar estas alternativas”. En tal sentido exhortaron a conformar un equipo de trabajo interdisciplinario, interinstitucional y con actores locales con el fin de desarrollar un proyecto de saneamiento ambiental en Guayana que incluya como fases: la auditoria ambiental, fortalecer y crear líneas de investigación con enfoque de investigación aplicada, y el desarrollo de acciones cuidadosamente elaboradas de manejo que cuenten con seguimiento y continuidad. Finalmente, se estimó repetidamente la necesidad de educación ambiental y de capacitación local para formar nuevos promotores que estructuren opciones de comanejo.


Razones para conservar
El grupo de 19 instituciones que avalan esta declaratoria consideran que la alta diversidad y la insuperable belleza escénica que alberga la cuenca del Caura desde los legendarios tepuyes y los complejos rocosos hasta las planicies aluviales son razones suficientes para su conservación. Un ecosistema que además posee:

1,4 toneladas de billones de biomasa que equivalen a más de 700 millones toneladas de carbono
2.600 de especies de plantas vasculares agrupadas en 661 géneros y 172 familias
Ato endemismo con más de 88,3 % de géneros
17% de la diversidad vegetal de Venezuela y 28% de la diversidad vegetal de Guayana
32% de las especies faunísticas reportadas de Venezuela y 53% de las especies únicas de la Guayana Venezolana
168 especies de mamíferos
475 especies de aves
34 especies de anfibios
53 especies de reptiles
191 especies de peces
9 especies de crustáceos
3 especies de moluscos
13 especies fueron endémicas a Venezuela
35 especies están en peligro
251 tienen distribuciones restringidas a la Guayana Venezolana.

140 mil hectáreas de bosque se pierden cada año en el país

El pasado viernes 29 de septiembre se llevó a cabo la tercera y última Consulta Pública del Anteproyecto de Ley de Bosques ante un auditorio repleto de voces críticas que aspiraba más de un día de discusión

El último de los tres talleres organizados por el Ministerio de Ambiente (Minamb) para la discusión del Anteproyecto de Ley de Bosques se realizó ayer en Ciudad Guayana. Al parecer el hecho de poseer la Región Guayana el 82 por ciento de los bosques del país no significó ninguna ventaja para que dicha consulta pública se iniciara precisamente, en una de las zonas con mayor extensión de bosques y donde las amenazas que se ciernen sobre él (avance de la frontera agrícola, explotación ilegal de madera, ganadería y minería) se hayan incrementado en los últimos años. Sólo basta recordar el estudio llevado a cabo por la organización ambientalista venezolana Acoana sobre la reducción en los últimos 30 años de los bosques en el municipio Sucre del estado Bolívar, donde precisamente, está ubicada la cuenca del río Caura, muy publicitada en estos días. A Guayana el Minamb la dejó de última, quizás por las voces críticas que, intuía, encontraría en un auditorio que a todas luces, quedó insuficiente para la cantidad de personas interesadas en discutir los avances de la nueva Ley que será presentada a la Asamblea Nacional para su aprobación. Más de cien personas, entre ingenieros forestales, investigadores, representantes de sociedades conservacionistas, centros de investigación locales y comunidad en general colmaron la capacidad del salón Angostura del Hotel Intercontinental desde las ocho de la mañana para conocer las bondades de una ley que, según señala la exposición de motivos, aspira “proporcionar las garantías legales necesarias para afianzar en el país un sistema de gestión forestal que permita aprovechar al máximo las ventajas de ese potencial forestal, en equilibrio con las necesidades de mantener y recuperar las múltiples funciones de los bosques”. Un equilibrio muy necesario si se toma en cuenta que en la última auditoria ambiental del Minamb, se evidenció que la reducción de la superficie de bosques en el país pasó de 62% a 54,2%, en el lapso comprendido entre 1977-1995, lo que significa que se han perdido cerca de 7 millones de hectáreas de bosques, la mayoría de ellos al norte del río Orinoco. Precisamente, la asesora legal de Bosques del Minamb, Moraima Goudet aseveró ayer que 140 mil hectáreas de bosques se pierden cada año en el país. Una situación que a través del Anteproyecto de Ley de Bosques esperan revertir.

ALTERNATIVAS DE USO
Goudet explicó que la ley contempla dos mecanismos, “uno es bajando la presión sobre los bosques naturales, dándole a las comunidades otras formas de sustento y alternativas de uso agroforestales que permite mantener un uso forestal en las áreas y reducir la presión sobre el bosque natural”. La abogada del Minamb defendió la gestión participativa de los bosques como uno de los puntos más resaltante de la nueva ley. “La anterior ley de Suelos y Aguas planteaba el acceso al bosque con fines de extracción maderera y restringía el acceso a un sector limitado del país; ahora se promueven nuevas formas de acceder al bosque para darle cabida a las comunidades organizadas y a las empresas de producción social”. Dijo que la ley busca impulsar el uso múltiple del bosque no sólo con fines maderables sino también el aprovechamiento de bienes no maderables, tales como el ecoturismo y los servicios ambientales que genera el bosque. Resaltó la importancia que la nueva ley le da a la valorización de los bosques naturales, “las plantaciones representan el gran futuro de lo que es la materia prima forestal del país, los bosques naturales ubicados en esta región queremos preservarlos como única reserva que le está quedando al país”. Otro de los cambios –dijo- se refiere a los planes de manejo forestal que, según la nueva ley, estarán destinados a cualquier escala de actividad forestal no sólo a las grandes plantaciones como una nueva estrategia para el manejo de bosque. “Lo que queremos es que el acceso al bosque se haga de una manera más planificada y sustentable posible”.

POCO TIEMPO
Sin embargo, para muchos de los investigadores ambientales presentes en este acto, el tiempo escogido por el Minamb -de un solo día de discusión, dividido en mesas de trabajo-, era muy corto para poder evaluar los 106 artículos de la nueva ley y que la misma fuera el resultado de una verdadera participación ciudadana y no una simple validación de una ley que ya está redactada, o como dijo uno de los ambientalistas “otro saludo más a la bandera”. Entre los que rechazaron el mecanismo de consulta establecido por el Minamb, fue el grupo de investigadores que integran el Centro de Investigación Ecológicas de Guayana de la UNEG, cuya coordinadora, Glenda Rodríguez, expuso que estos dispositivos no incorporan luego mecanismos de retroalimentación, de manera tal que todas las observaciones que se hacen a determinada ley no reciben respuesta por parte de los organismos del Estado. “Así pasó en la consulta pública sobre Imataca y el de la Reserva Forestal del Caura y no sentimos, como sector académico, que nuestros planteamientos están siendo tomados en cuenta”. Asimismo, Rodríguez anunció que las definiciones de sustentabilidad que plantea la ley en cuestión se refiere sólo a los procesos ecológicos y desconoce o al menos no menciona “explícitamente” la sustentabilidad social y económica que son los tres pilares fundamentales de dicho concepto, “lo que puede dar pie a deficiencias y a pérdida de viabilidad de la ley”. Por su parte, la investigadora de la UNEG, Luz Delgado dijo que la ley adolece de indicadores claros que permitan establecer “concretamente el proceso de participación ciudadana”; además insiste en la necesidad de contar con una base cartográfica validada por cuanto las estadísticas forestales no son estandarizadas y por eso cuando se habla de la tasa de deforestación no se tiene una base referencial”. Por lo pronto, la directora general de Bosques del Minamb, Olga Pérez anunció que para mediados del próximo año se podrá contar con el mapa de cobertura boscosa el cual permitirá obtener en tiempo real, a través de un sistema de información cartográfica, el conocimiento de la tasa de pérdida de cobertura de bosque a nivel nacional. Agregó que el mencionado mapa está siendo elaborado por el Instituto Geográfico Simón Bolívar, como una primera fase de lo que será el inventario forestal nacional. Lo cierto es que a las once y media de la mañana de ayer quedaron instaladas las mesas de trabajo con la esperanza que sus observaciones sean incorporadas al texto de ley.

“Subestimamos la participación”
La directora general de Bosques del Minamb, Olga Pérez dijo que la consulta pública contempla “legalmente” un solo día de discusión, pero considerando que era la Ley de Bosques se establecieron tres talleres, uno en Caracas donde se reúnen un conjunto de actores “que si bien no están manejando el bosque tomando decisiones sobre él”; otro en Mérida donde se forman los ingenieros forestales del país y el tercero en Bolívar “donde realmente se está haciendo una política de manejo forestal en el país y donde los muchos o pocos bosques que tenemos en el país están aquí en Guayana,… pero desafortunadamente, subestimamos la participación y lamentamos que no hubiésemos sido más previsivos”. Dijo que están “muy interesados” en que las opiniones de todos estén recogidas en esta ley “y si tenemos que hacer más talleres en Bolívar para que todos se vean representados y que sientan que sus opiniones serán escuchadas el Ministerio está en la mejor posición para hacer el esfuerzo que sea necesario”.

El Caura requiere ciudadanos conscientes de su valor ecológico

Ante la amenaza de la actividad minera que se cierne sobre una de las pocas cuencas intervenidas por el hombre urge generar una política de educación e información hacia todos los niveles de la población

45 mil kilómetros cuadrados conforman uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del mundo. Para algunos investigadores ambientales la cuenca del Caura es la última del planeta que queda en tal grado de pristinidad, es decir que ninguno de sus ríos ha sido intervenido ¿“Por ahora”? Con una superficie de bosques de más 4.2 millones de hectáreas, es una cuenca rica en biodiversidad, en diversidad cultural y con un gran potencial de desarrollo para la generación de los servicios ambientales. Según datos aportados por la organización ambientalista Acoana, la cuenca del río Caura posee una biomasa aproximada de 1.400 millones de toneladas, 17 por ciento de las especies florísticas del país y más del 32 por ciento de la fauna nacional, además de ser un importante reservorio de carbono para el mundo. Pero ante una “bulla” minera no hay ambiente que importe. Esta semana El Diario de Guayana publicó las declaraciones del director estadal del Ministerio de Ambiente, Oscar Padrón quien confirmó la presencia de mineros en la zona de Entreríos confluencia del río Erebato en el Caura. ¿Y entonces? Es el momento de retomar las reflexiones de la antropóloga e investigadora de la Uneg, Nalúa Silva sobre la urgencia de generar una política de educación e información hacia todos los niveles de la población que fortalezca la conciencia ambiental tan urgida ante las diversas amenazas que se ciernen sobre esta cuenca, desde el avance de la frontera agrícola, la explotación ilegal de madera, ganadería, minería, la creación de una ciudad y hasta un posible aprovechamiento hidroeléctrico en el alto Caura. Esta investigadora, estudiosa de la dinámica socio ambiental de la cuenca del río Caura, advirtió en el año 2005 que “luego de la apertura de la Reserva Forestal de Imataca, no se han tomado medidas de control ambiental reales, sino que se sigue permitiendo la minería, desafectando áreas y creo que en el mismo Ministerio del Ambiente está el dilema de abrir la cuenca del Caura cuando está el precedente de Imataca, es un dilema de conciencia”. Recordó que al deforestar se disminuyen una gran cantidad de recursos como el oxigeno, lo que conlleva al inicio del proceso de desertificación el cual influye en la capa de ozono y en el recalentamiento global. Por eso no duda en sentenciar, que “el aporte al país y al mundo es la conservación de esta cuenca”. Advirtió que la proyección del avance de la frontera agrícola para el año 2050 indica que sólo quedará una porción del estado Amazonas y otra igual de la cuenca del Caura, “todo lo demás será intervenido, si seguimos a este ritmo”.

EXPERIENCIAS AJENAS
Insistió en la necesidad de aprender de las experiencias de los países desarrollados que a pesar de haber destruido sus bosques han entendido las consecuencias que eso ha traído en la calidad de vida de la humanidad. “Una de las enseñanzas del mundo industrial hacia nosotros es que las actividades extractivistas no generan un verdadero desarrollo, que estas actividades en los países donde se han practicado y que han servido como base de la economía lo único que han servido es para que los recursos desaparezcan y en la actualidad son pueblos sumamente pobres”.
En tal sentido, exhortó a los distintos organismos gubernamentales a crear políticas destinadas a la conformación de ciudadanos más conscientes del valor ecológico y cultural de esta región, pero “a todos los niveles y con líneas directrices que vengan desde el municipio y que contemple los diferentes actores públicos y privados que generan políticas públicas, en este caso alcaldías, Gobernación, CVG, cada empresa debe generar su propia política ambiental y eso se compatibiliza con la formación de un ciudadano de manera integral desde sus primeros años de formación”.

SERVICIOS AMBIENTALES
Los estudios realizados en la cuenca del Caura la han convencido de la posibilidad de un desarrollo sostenible en esta área, pero a través de programas dirigidos a la captación de servicios ambientales. “Hay un nuevo desarrollo económico que aún no se ha experimentado que se basa en el alquiler de estos espacios para actividades científicas”. Silva asegura que el Caura es un laboratorio natural y muchísimas instituciones del mundo estarían interesadas en estudiar dinámica de ríos, bosques, aves. Explica que para implementar este proyecto es necesario reunir unas condiciones previas de “organización social, generar medidas de control ambiental por parte del Ministerio del Ambiente y toda una normativa que lo haga factible”. Más aún, consideró que el grueso de los recursos puede venir por concepto de pago de servicios ambientales, “sobre todo captura de carbono”. “Hay un grupo de gente que está trabajando desde el Programa BioGuayana y desde la Uneg para incidir en los diferentes niveles del Estado y hacer entender que la captura de carbono se puede implementar como proyecto”.
Refirió que aunque tales planteamientos han tenido receptividad, “el Estado quiere tener la sartén por el mango y aunque se anuncia la participación, no necesariamente se toma en cuenta de una manera real y verdadera a los grupos locales de investigación, más bien se tiende a controlar los proyectos y cuando se les da participación a los entes locales es cuando se tiene armado todo un esquema que, a veces, es incompatible con el planteamiento de los investigadores”.
En todo caso, Silva indicó que plantearse un desarrollo en la cuenca del Caura pasa en primer lugar por un diagnóstico integral y un plan de manejo “serio” con la participación de todos los actores con el fin último de “conservarla no sólo en la actualidad, sino para generaciones futuras”.

OPORTUNIDADES
Para Nalúa Silva son muchas las oportunidades que presenta la cuenca del Caura para un desarrollo sostenible, incluso así lo ha demostrado la historia, “en la cuenca han existido poblaciones humanas que encontraron la tecnología adecuada para la explotación de ese medio ambiente”. Pero a su juicio, existen otras oportunidades como el potencial turístico, la diversidad cultural (indígena, mestiza y negra), la organización comunitaria, la valoración de los recursos forestales no maderables y el programa de captura de carbono.