Biopiratería: entre la ética científica y la utopía

Investigadores locales e internacionales alzan su voz contra este fenómeno que según un informe publicado en 2001 por la INTERPOL, genera ganancias que sobrepasan los 15 mil millones de dólares anuales
La historia da cuenta de innumerables casos de biopiratería en el mundo. No es nada nueva esta práctica de usar ilegalmente los recursos genéticos de otros países, incluso para algunos científicos sería una utopía pensar en impedir una actividad que consideran de alcance mundial, mientras que otros abogan por el rescate de la ética científica. Investigadores locales e internacionales alzan su voz contra este fenómeno que según un informe publicado en 2001 por la INTERPOL, genera ganancias que sobrepasan los 15 mil millones de dólares anuales.


PROMOVER ESTUDIOS LOCALES
Alexander Mansutti, antropólogo e investigador de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Uneg), con una trayectoria de más de 28 años dedicada a la promoción del desarrollo sostenible en comunidades indígenas entre los que destacan sus trabajos con las organizaciones de los indígenas Piaroa del Amazonas venezolano, está convencido que la “permanente” existencia de “investigadores carentes de ética y de empresarios de turismo corrompidos y funcionarios del gobierno venales e incompetentes”, sostienen una actividad muy lucrativa como la biopiratería.
A juicio de Mansutti, la medida más importante a tomar es promover los estudios de la biodiversidad y sus propiedades bajo el liderazgo de los investigadores nacionales. “Una vez que el inventario esté listo, los biopiratas ya no tendrán trabajo en Venezuela, porque todo estará conocido y registrado y no habrá posibilidad de que aventureros disfrazados de turistas recogen muestras de plantas poco conocidas y obtengan de ellos alcaloides y principios activos de valor económico, pero desconocidos para la nación”.

FOMENTAR A LAS EMPRESAS NACIONALES
El doctor Otto Huber es biólogo con postgrado en Botánica y Geografía en la Universidad de Innsbruck, Austria. Aunque nació en Alemania, su mirada ha estado puesta en la vegetación y flora de la Guayana venezolana desde que en la década del setenta realizara investigaciones sobre la botánica y la ecología de las sabanas del Estado Bolívar, siendo una de sus pasiones las cumbres tepuyanas. Realizó trabajos para el Ministerio del Ambiente, CVG Edelca, CVG Tecmin y actualmente es investigador visitante del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Registra más de 50 publicaciones que dan cuenta de su trayectoria académica y científica.
De tal forma que a Huber le ha tocado transitar todos los pasos exigidos por las leyes venezolanas para desarrollar sus investigaciones en Venezuela, por lo que está “totalmente de acuerdo en que estas acciones ilegales deberían ser impedidas; pero también sabemos que eso es muy difícil y va seguir siendo un deseo utópico, al igual como todos, deseamos que no haya más crímenes en la tierra”. Cree que una de las posibles formas de contrarrestar estas actividades es la de informar mejor y más intensamente a la opinión pública sobre estas acciones ilegales. Al igual que Mansutti, entiende que es necesario ofrecer incentivos para que empresas nacionales realicen por su cuenta estas investigaciones, “las cuales obviamente son bastante rentables. Por lo menos se debería fomentar que empresas nacionales sean involucradas de alguna forma activa en este proceso de búsqueda de remedios, el cual en sí no puede ni debe ser obstaculizado por el bien de la humanidad. Para ello también es necesario que se fomenten los estudios e inventarios básicos en estos ambientes, algo que no se está haciendo con la intensidad requerida, debido en parte al escaso o nulo respaldo oficial otorgado por las autoridades competentes a estas actividades”.
Por su parte, Hernán Castellanos, biólogo con doctorado en The University of Exeter, investigador y Jefe de Área de Biodiversidad del Departamento Hombre Ambiente de la Uneg, añade que la industria farmacéutica transnacional “se vale de muchas artimañas para tratar de evadir los pasos burocráticos y poder extraer así información sobre los componentes activos que pudieren eventualmente ser usados como fármacos. Estas empresas invierten millones de dólares para lograrlo, tales como visitas de turistas, investigadores que vienen a realizar trabajos diferentes a los estudios por ellos propuestos, entre otros”.

MAYOR FISCALIZACIÓN
Los investigadores señalan al unísono que el mayor problema para combatir la biopiratería en Venezuela es la falta de control y fiscalización por parte de las autoridades gubernamentales, en este caso del Ministerio de Ambiente, organismo encargado de velar por la conservación del patrimonio biológico del país.
Al respecto, Omar Hernández, biólogo, director de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Fudeci) y miembro de la Comisión Nacional de Bioseguridad añade que también existe una falta de interés político para resolver los problemas, lo cual a su juicio, genera impunidad. “Recuerda que el 94 % de lo homicidios en Venezuela queda impune, entonces que le podemos dejar a estos casos de biopiratería o delitos ambientales. Además los jueces en estos casos señalan que aquí todo el mundo come huevos de tortuga, eso es cultural y no se pude atacar cuando precisamente por estas costumbres estamos extinguiendo especies. Como verás existe un desconocimiento y falta de interés por parte de los jueces sobre el problema”.
Asegura que en la mente de funcionarios y diputados existe la idea de que las leyes se cumplen solas “y con sólo publicar nuevas leyes, decretos y resoluciones el problema a está resuelto. Por otra parte, los organismos de seguridad que deben velar por el cumplimiento de las leyes, desconocen el tema ambiental, la gran mayoría de los funcionarios de la Guardia Nacional (GN) no reconocen un cardenalito (fauna silvestre) de un canario (fauna doméstica). Además no están especializados, un año vigilan una cárcel, otro año una aduana, otro, persiguen a la mega banda, otro a los narcos, secuestradores y otro año se dedican a la guardería ambiental. Si cuando están persiguiendo un narcotraficante entran a almorzar a un restaurante y le ofrecen manatí, lo más seguro es que lo coman. La solución a la falta de fiscalización es crear una policía ambiental, un cuerpo de 5 o 6 mil hombres por todo el país dedicado a eso”. Asimismo, no cree que la panacea sea la educación ambiental, “en toda cultura siempre existirán antisociales y sólo hace falta un pequeño grupo de antisociales para poner en vilo a una ciudad o a un país. Y en países donde no existe control, los antisociales son muchos”.

POCA CAPACIDAD DEL ESTADO VENEZOLANO
Mansutti explica que a pesar de contar con las leyes para regular el acceso a los recursos biológicos, el Estado venezolano “no tiene la capacidad para hacerlas cumplir o peor aún, sólo tiene capacidad para hacerlas cumplir con todo rigor a los que estamos dispuestos a cumplirla. Los investigadores serios somos sometidos a un infierno burocrático que, con frecuencia, termina haciendo inviable nuestros proyectos, mientras que los biopiratas, como vemos, se disfrazan de turistas o de simpáticos deportistas extremos, hacen bioprospección y sacan las muestras sin que nadie se los impida y sin tener que sacar ningún papel diferente al que la misma agencia de turismo les pueda obtener con un mínimo de gestiones. Mientras ponemos en peligro la investigación seria, respetuosa de las normativas y derechos de los países, pueblos indígenas y poblaciones locales, no tenemos cómo controlar a quienes promueven y hacen investigaciones de dudosa calidad o a quienes extraen material genético”.
Advierte que el Estado debe crear y mantener una infraestructura que le permita controlar y penalizar estas actividades ilegales. “No se deben permisar expediciones turísticas a sitios frágiles o reservados que no hayan sido suficientemente inventariados. Igualmente, una vez que se descubre una irregularidad, el Estado debe actuar de inmediato en contra de quienes facilitaron la labor de los biopiratas y contra los biopiratas mismos”. Al respecto, el director de Fudeci agrega que una vez publicada información científica donde se demuestra la biopiratería el gobierno debería actuar internacionalmente a través de la Cancillería. “Sin embargo, hasta la fecha esto no ha ocurrido”.

PIONEROS EN GUAYANAMansutti recuerda que en Guayana han sido pioneros en el tema al crear en el año 1995 el Programa BioGuayana con el apoyo de la Uneg y la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, Fundacite Guayana. “En 2002, en el marco de este programa sacamos un libro sobre los conocimientos indígenas amenazados, escrito por Vladimir Aguilar, en el cual propusimos estrategias aplicables a los indígenas pero también a otros actores, para resguardarnos de la biopiratería. No se puede decir que el problema no ha sido estudiado o que los investigadores no hemos alertado y sugerido medidas”.

PERJURIO PARA INVESTIGADORES LOCALES

Los investigadores concuerdan en señalar el daño que como gremio les ocasiona este tipo de actividad. Para Mansutti “un biopirata convierte a todos los ecólogos en sospechosos de biopiratería. La tendencia natural del Estado, cuando ocurren los casos de biopiratería, es cerrar el cerco administrativo que como hemos visto, sólo se aplica eficientemente a los investigadores serios”. Al mismo tiempo, Castellanos advierte que la biopiratería conlleva a la fuga de información propia de los pueblos indígenas y al irrespeto a la propiedad intelectual.

Y el ganador es…La biopiratería tiene incluso su propia estatuilla. El premio "Capitan Hook" o “Capitán Garfio”, que concede cada año la Coalición en Contra de la Biopiratería, con sede en Canadá, corona los más famosos practicantes del arte de apropiarse de los conocimientos y recursos biológicos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, según se expresa en su página http://es.captainhookawards.org/.

El premio al biopirata más codicioso otorgado en 2006 recayó en J. Craig Venter “por realizar una expedición global de biopiratería, con fondos de Estados Unidos, sin respeto alguno por la soberanía nacional sobre la biodiversidad, para colectar y secuenciar la diversidad microbiana de los océanos y suelos del planeta”. Mientras que el más hipócrita lo obtuvieron por igual la Universidad de California en Davis, Estados Unidos por patentar un gen resistente a las enfermedades extraídas de una variedad de arroz desarrollada por el pueblo Bela en Mali, y la Biotechnology Industry Organization (BIO) por escribir reglas de bioprospección.